La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) llamó ayer la atención sobre la forma inapropiada en que se conduce la modificación del Código Penal en la Cámara de Diputados, hasta el punto de que si son introducidos algunos cambios que se anuncian se producirán graves distorsiones en el Estado de derecho y en la vigencia de las garantías y derechos ciudadanos consagrados en la Constitución.
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