Los hijos huérfanos de aragoneses muertos en campos de exterminio nazis y que fueron deportados desde suelo francés tienen derecho a cobrar una indemnización del Estado galo de 27.000 euros o una pensión vitalicia de casi 500 euros. Estas pagas forman parte de la concienzuda ley de memoria histórica gala, que en el 2004 emitió un desconocido decreto por el que se quiso honrar a todos aquellos que lucharon por la libertad y acabaron en las ignominiosas manos del nazismo.
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