La temporalidad es el talón de Aquiles de la economía española: por ahí se pierde competitividad, sobrerreacciona el paro en tiempos de crisis y cojean el tejido empresarial y la estructura socioeconómica de un país cada vez más desigual. Pero no es solo un problema de las empresas: Bruselas exige a España reducir también los abusos en el sector público. El Ejecutivo se ha comprometido ante la Comisión, en el marco de las reformas asociadas a los fondos europeos, a acometer una reforma del Estatuto de la Función Pública antes de fin de año
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