El Ejecutivo tiene encima de la mesa un cambio legal, que se incluiría en el plan de reactivación económica que podría aprobarse el viernes, para separar la propiedad de las redes de transporte de electricidad y del gas de la gestión de los sistemas que ejercen REE y Enagás. Ello supondría dinamitar el modelo recomendado por la UE que España adoptó en 2007, con la privatización de la actividad del transporte y la gestión de los dos sistemas en un ente público.
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