Los agentes han llevado a cabo más de 3.000 inspecciones y registros en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del país ibérico, en los que se han detectado hasta 2.000 infracciones administrativas. Los implicados son sospechosos de delitos contra la propiedad industrial, estafa, fraude alimentario, falsificación documental y contra la salud pública. Hacían pasar aceites de calidad inferior como aceites de oliva virgen extra o reetiquetaban productos que ya se habían caducado. Se trata de una macrooper
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