Los funcionarios italianos que presenten un certificado médico falso para cubrir sus bajas se arriesgan a ser condenados con penas de cárcel de hasta 5 años y a pagar multas que van de 400 a 1.600 euros. El mismo castigo será aplicado a los doctores que certifiquen enfermedades inexistentes, exponiéndose además a ser expulsados del Colegio de Médicos y al despido en caso de que trabajen para la Sanidad pública.
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