La prometida ley de transparencia pública obligará a las Administraciones e instituciones públicas a facilitar a cualquier ciudadano toda información oficial que no esté expresamente sujeta a reserva por razones de Estado o de protección del derecho a la intimidad. La ley instaurará un órgano independiente que vigile a las Administraciones y proteja el derecho de acceso de los ciudadanos a la información oficial, derecho que España aún no ha garantizado como tal después de 32 años de democracia.
Comentarios
¿tenemos que fiarnos?
"Esa autoridad independiente que podría recaer en el Defensor del Pueblo o en la Agencia de Protección de Datos se ha demostrado eficaz en países como Reino Unido o Alemania." Ya, pero aquí estamos en España, donde la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno no ve problemas en que González Sinde sea ministra de cultura. Para que un organismo funcione tiene que estar compuesto de gente seria.