Un polémico proyecto de ley que impulsa una diputada evangélica en Argentina, establece penas de prisión de seis meses a dos años por criticar a un religioso, iniciativa que se presta a interpretaciones riesgosas. Es una antigua reivindicación de las iglesias evangélicas, que reclaman la creación de una personería jurídica especial. Le da al Estado la potestad de definir cuál práctica es religiosa y cuál no lo es. No toca privilegios actuales de la Iglesia Católica y tampoco incluye el derecho a no profesar religión alguna.
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