La gestión de la crisis por parte del Gobierno nos tiene acostumbrados a titulares que dejan claro para quién trabajan las instituciones. Una de las últimas noticias que nos hace reflexionar sobre esto es la sentencia del juzgado de lo social número 8 de Barcelona, que obliga al Estado a indemnizar al expresidente y exconsejero de Catalunya Banc con 1,2 millones de euros (600.000 a cada uno) ya que sus despidos se consideran improcedentes.
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