Promover noticias falsas sobre el sistema de pensiones contribuye significativamente a la deslegitimación del Estado social y democrático. Al presentar una imagen distorsionada y negativa de las políticas públicas, se mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en su capacidad para gestionar eficazmente los recursos y derechos sociales. Esta estrategia no sólo afecta la percepción sobre el sistema de pensiones, sino que también amenaza la estabilidad de otros aspectos fundamentales del Estado, como la educación y la sanidad.
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