El Observatorio, que ha surgido de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y se ha reunido durante dos días en Santiago de Compostela, evidencia algunos cambios en el ranking de las Comunidades autónomas en la aplicación de la Ley y destaca la actuación de cuatro Comunidades: Castilla-La Mancha (9 puntos sobre diez), Castilla y León (9 puntos), País Vasco (8,5 puntos) y Aragón (8,5 puntos).
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