Los grupos de comunicaciones plantearán dos líneas defensivas para cuestionar la legalidad de la tasa y denunciar la violación de la competencia por ayudas de Estado ilegales. Su defensa se resume en dos apartados: Tasa ilegal => Las operadoras argumentan que las tasas finalistas se crean para cubrir el coste directo en que incurre el Estado por algún servicio, lo que no se puede aplicar a este caso.La otra vía de defensa al impuesto es que la CE lo considere una ayuda de Estado a la televisión pública, algo prohibido por Bruselas.
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