Los argumentos que utilizaron los portavoces de la mayoría de los grupos de la oposición para rechazar casi en su integridad la ley fueron muy similares. Pero fundamentalemente se centraron en que es una reforma "innecesaria" que "cercena las libertades ciudadanas" y que significa el regreso al antiguo Tribunal de Orden Público (TOP) franquista. Por estos motivos, todos los grupos de la Cámara se han comprometido en sus intervenciones a derogar la ley en la próxima legislatura si logran una mayoría de votos para ello.
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