Una caja b municipal, que manejaban el alcalde socialista, Antonio Barrientos, el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano, y su antecesor, el edil Manuel Reina, del PES (ex dirigentes del GIL), atesoraba el dinero de las comisiones ilegales. Posteriormente, tal fondo se repartía entre los ediles corruptos, sus formaciones políticas, y el pago de actos municipales de concejalías.
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