Una enmienda pactada por ambos partidos fija en ocho años el plazo de prescripción para las obras en áreas con protección. También permiten la legalización de más de una vivienda en una misma parcela rústica. Las medidas van más allá, al permitir la legalización dejando al margen los «parámetros de habitabilidad», lo que supone dar pie a infraviviendas que queden por debajo de los 25 metros cuadrados exigidos como superficie mínima, a la transformación de sótanos en apartamentos, o a permitir que haya dependencias sin ventanas
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