TRADUCCIÓN: #1
La Policía Nacional española ha reclamado a la Brigada de Información de Barcelona si es cierto que las personas que aparecen en las grabaciones hechas públicas por la Directa ayer el mañana -y que presuntamente estarían captando un activista social encausado por la Operación Pandora para hacer de confidente- son miembros. Así lo han asegurado a este medio fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cataluña. Estas fuentes ni confirman ni desmienten que los individuos que aparecen en las imágenes y las grabaciones de voz sean policías, pero sí aseguran que lo han pedido a la brigada a la que pertenecerían -según apunta en el trabajo de investigación publicado por este medio- y "de momento, todavía no se ha recibido ninguna respuesta".
A primera hora de la mañana de ayer, cuando la exclusiva de la Directa era en boca de todos, fuentes del Ministerio del Interior que recogieron varios medios apuntaban a descartar que las personas que aparecen en las imágenes y grabaciones (y que ellas mismas se identifican como miembros de la "seguridad del Estado") fueran agentes policiales. Horas más tarde, sin embargo, el propio ministro en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha rectificado en parte respecto a la primera reacción y explicó a un grupo de periodistas que se pedirían explicaciones a la Jefatura Superior de Cataluña sobre si los presuntos captadores de confidentes pertenecen al cuerpo.
Con todo, las fuentes de la policía consultadas por la Directa -como el propio ministro horas antes- apuntan que, en caso de que se confirmara la identidad policial, difícilmente la investigación del caso vaya mucho más allá del ámbito interno, ya que entienden "la captación y el uso de confidentes es una práctica conocida y de lo más corriente en todos los cuerpos policiales de todo el mundo, y no ilegal, siempre que nos referimos a grupos dedicados a actividades de terrorismo, narcotráfico o crimen organizado ", aseguran estas fuentes. Hay que recordar, para tener en cuenta el argumento desde los parámetros policiales, que la persona que ha denunciado el intento de cooptación -l'activista social del barrio de Sants Quim Gimeno- fue detenido por los Mossos en octubre de 2015 en el marco de la operación Pandora, ordenada por la Audiencia Nacional, y se le acusa de "pertenencia a organización criminal con fines terroristas".
Reacciones y silencios
La exclusiva publicada ayer por la mañana en el número 406 de la Directa, ha provocado algunas reacciones oficiales, pero también silencios significativos. Nadie del Gobierno de la Generalitat ni del Ayuntamiento de Barcelona se ha pronunciado al respecto por ahora, ni tampoco, de forma oficial, ninguna de las formaciones políticas que gobiernan ambas instituciones. Sí lo ha hecho el PSC, a través de su primer secretario, Miquel Iceta, que ayer por la mañana era invitado al programa matinal de Mònica Terribas, en Catalunya Ràdio, el primer medio audiovisual que se ha hecho eco de la exclusiva de la Directa. Iceta reclamó todas las aclaraciones necesarias al Ministerio del Interior, ya que, aclaró, "yo, que soy lector de novela policíaca y de misterio, me parece un caso que puede ser verosímil. Todos sabemos que la policía quiere información de primera mano y la búsqueda como puede, y una parte de este esfuerzo implica buscar confidentes ".
Por su parte, el colectivo de tradición libertaria Embat, en el que milita Quim Gimeno, a través de un comunicado, expresó que los hechos mostrados por la Directa evidencian que "la estrategia seguida por algunos entornos y aparatos consolidados al Estado, sigue siendo la de construir un enemigo interno que justifique la bunquerización de las instituciones, el control social y la militarización del espacio público, a la vez que intentar separar a los sectores más comprometidos de nuestro pueblo de su entorno social ". Ante este "estado de excepción", la organización plantea "exigir que se asuman responsabilidades políticas en forma de dimisión inmediata, a los que conociendo o debiendo conocer estas situaciones, las permiten".
Portada
mis comunidades
otras secciones
TRADUCCIÓN
Los mossos de escuadra, Miguel Angel Reyes Grados y Cristian Jiménez Lietor afrontan una petición de cinco años de prisión a raíz de los golpes de porra que propinaron en la cabeza del joven antifascista Paz Andaluz. Los hechos se remontan al 12 de octubre de 2012, cuando Andaluz se encontraba en la plaza Universidad participante de la tradicional manifestación antifascista. Un ciudadano francés cruzó la plaza y se dirigió hacia los manifestantes enarbolando una bandera española. Según la Fiscalía, Andaluz intentó "quitarle la mencionada enseña" y los dos antidisturbios, "puestos de común e instantáneo acuerdo con el ánimo de dañar la integridad corporal ajena, y utilizando las defensas reglamentarias de las que disponían para la su condición de funcionarios policiales, procedieron a golpearlo repetidamente, golpes que impactaron en la cabeza y las piernas de la víctima ", según el fiscal del caso.
A consecuencia de los golpes recibidos, Andaluz sufrió una hemorragia subretiniana macular severa, rotura de coroidea, conmoción de la retina y una herida abierta en la cabeza. Perdió la visión de un ojo y la ha ido recuperando progresivamente mediante intervenciones quirúrgicas. Durante 190 días estuvo imposibilitado para trabajar. Es por todo ello que la fiscalía acusa a los agentes de ser "criminalmente responsables de un delito de lesiones", con el agravante de "abuso de superioridad". Los dos policías se sentarán en una fecha próxima al banquillo de los acusados, con una petición de la fiscalía y de la acusación particular de cinco años de prisión, con el añadido de "la inhabilitación especial para el empleo de funcionario policial ". Además, durante los cinco años posteriores a salir de la cárcel no se podrán acercar a la víctima a una distancia inferior a 500 metros. Fiscalía y acusación también solicitan una indemnización de entre 10.000 y 15.000 euros.
Desde la organización antirrepresiva Alerta Solidaria ha emitido un comunicado donde celebra la imputación de los agentes y denuncian como "vergonzosa" la actuación de los Mossos. Añaden que en un primer momento la policía catalana afirmó "que las lesiones se las habría hecho él mismo", pero que "gracias a las imágenes grabadas" se revirtió esta versión. Ninguno de los dos agentes llevaba el número de placa identificativo en el uniforme y sólo se les pudo identificar gracias a las fotografías donde se apreciaban con detalle los ojos y las cejas. Uno de ellos se depilar las cejas el día que fue citar a declarar al juzgado. El juzgado de instrucción 19 de Barcelona tuvo que reclamar informes al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil para determinar la identidad de los agentes. Alerta Solidaria concluye con la frase "días contados en la impunidad".