El pasado lunes 10 de abril en el local de la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid las tres fuerzas anarcosindicalistas de nuestro país presentaron conjuntamente un documento compartido que hace un llamamiento a la confluencia y la unidad de acción del sindicalismo combativo.

La Justicia ha admitido a trámite la demanda de una empresa de máquinas de votación contra la cadena de noticias por las alegaciones de fraude y solicita 1.600 millones de dólares

En las últimas semanas la presidenta de la Comunidad de Madrid y su gobierno han estado realizando anuncios en actos institucionales o publicando nuevos proyectos con los medios públicos. Es cierto que no se trata de actos del Partido Popular, sino que se está aprovechando la actividad institucional para realizar promesas o anunciar inversiones que no se ejecutarán hasta después de los comicios. Por algo parecido en pasados comicios, la presidenta madrileña ya ha sido condenada por la Junta Electoral.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha llamado a los jóvenes a reflexionar “si el CO2 es un gas contaminante” o “si la segunda República en España era un régimen plenamente democrático”. El líder del partido de extrema derecha también ha animado a los jóvenes a “tener mentalidad crítica, respetar lo que digan los mayores, los profesores, pero sin dejar de ser escépticos” y que asuman “la responsabilidad de encontrar” sus “propias respuestas”.

El presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de USA, Christopher Hanson, viajará al país latinomericano esta semana para advertir sobre los riesgos y la "inconveniencia" de asociarse con el país asiático.

El publicista, de 45 años, sufrió abusos cuando tenía 11 de un numerario y hace en elDiario.es la primera denuncia de este tipo contra la Obra en Argentina, tras peregrinar durante años por reuniones en las que le reconocieron los hechos pero siempre con la misma respuesta: “Nunca lo vamos a hacer público”

Durante al menos seis años, entre 2009 y 2015, el gabinete de la Presidencia utilizó cuentas de correos oficiales para pedir a empresas de la región que colocaran a personas vinculadas a los populares que solicitaban trabajo directamente a Sanz y a su mano derecha, Arturo Steven. En los documentos consultados, decenas de currículums se acompañan de justificantes de envío a compañías privadas desde las cuentas oficiales de Steven o de Patricia Gil, su secretaria.

Los esfuerzos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no son suficientes para eliminar los invernaderos fuera de las zonas regables y WWF pide que se cierren las fincas con regadíos fuera de ordenación. "Los pozos en proceso de cierre sería de 716, de los cuales 220 ya han sido cerrados (la mitad de forma voluntaria por los propietarios y la otra mitad por la propia CHG)", aseguran desde la CHG. Mientras tanto, el PP andaluz, en alianza con Vox, prosigue adelante con la ley especial que amplía regadíos en el entorno de Doñana.

A esa cantidad hay que sumar los más de 110 millones que se gasta el Ministerio de Educación para abonar las retribuciones de los docentes de esta asignatura en Primaria e Infantil en centros de Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla

El fondo del Museo Saridakis estaba compuesto por 1.300 obras de arte entre pinturas, esculturas, grabados y cerámicas. El catálogo, que incluía piezas de prestigiosos artistas y que se han perdido porque el dictador y la Familia Real incumplieron los deseos del donante

Los diputados de En Comú recogen noticias que señalan a miembros de la Policía y la Guardia Civil como autores del bulo difundido en Twitter. Podemos ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lleve a cabo una investigación para esclarecer el origen del bulo sobre las 1.600 personas de origen magrebí, y residentes en Marruecos, que estaban empadronados de forma fraudulenta en un piso de Barcelona donde sólo vivían cinco personas con el objetivo de cobrar ayudas sociales y votar por correo en las próximas elecciones.

Los privilegios fiscales de la jerarquía católica se mantienen prácticamente intactos, pese a la confusión generada en la última semana. El Gobierno asegura que la Iglesia ha renunciado a la exención del ICIO gracias al pacto alcanzado con Moncloa. Y no es cierto. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya dictaminó en 2017 que la Iglesia católica está obligada a pagar el impuesto de obras en actividades que generan rendimiento económico. 2. La legislación comunitaria prevalece sobre el derecho interno, La sentencia del TJUE...

Entre 1941 y 1985, el Patronato de Protección a la Mujer (a cargo de Carmen Polo, esposa de Franco) gestionó centenares de centros donde recluía a jóvenes para conseguir su "dignificación moral", "apartarlas del vicio" y "educarlas con arreglo a las enseñanzas de la religión católica". Loli, Consuelo y Raquel relatan su paso por los centros: "Con la llegada de la democracia pensaba que iban a abrir las puertas de los reformatorios e íbamos a salir todas, pero no pasó nada". El Patronato reservaba un lugar especial para las chicas embarazadas..

Acumulamos más de 1.200 millones de indemnizaciones y eso nos está llevando a embargos como el de la sede del Instituto Cervantes en Londres.

Las dudas sobre su funcionamiento se remontan a mayo del 2021, cuando el Tribunal Constitucional estimó un recurso de Vox, que denunciaba la modificación legal que permitía al entonces vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, tener acceso a los dosieres y la información generada por el CNI. A partir de aquella resolución, tanto la composición de la comisión como si ha celebrado alguna reunión son un misterio. En agosto pasado la Moncloa reconocía por escrito que la comisión nunca se reunió mientras Iglesias era número dos del gobierno.

Es decir, las derechas imponen su modelo sanitario de privatizaciones y encima cuando alguien crítico con ella va a uno de los hospitales (porque son los que hay) se lo recriminan. Lo de la cara de cemento armado se queda corto.

El PP, Cs y Vox tumban en un pleno bronco en Cibeles la propuesta de Más Madrid por la crisis que sufre el servicio de bicicletas desde marzo.

Un informe del interventor de la Diputación de Granada desvela que la regidora Luisa García Chamorro percibió dicha cantidad en 2020 para "costas procesales", un año después de ser multada por calumniar a un ex alto cargo de Visogsa, la empresa provincial de vivienda. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), no solo cobró dinero público procedente del Consistorio que dirige para pagar una condena por injurias, sino que también percibió fondos de la Diputación de Granada para el mismo fin.

Castilla y León cancela el concierto en apoyo de la Sierra de la Culebra impulsado por Vox, tras renunciar los artistas. Casi todos los grupos habían abandonado la iniciativa, anunciada por el vicepresidente García-Gallardo, al conocer que finalmente no se recaudaría dinero para las víctimas de los incendios.

La decisión se toma tras negarse cuatro de los cinco grupos a participar

El Tribunal Constitucional (TC) aprecia vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de un padre divorciado que pidió en el juzgado que su exesposa se abstuviera de llevar a misa al hijo en común, de siete años, en 2017, de hacerle participar en actos religiosos y especialmente bautizarle, y para que continuara estudiando la asignatura de valores cívicos y sociales, en vez de religión, según el consenso que había alcanzado la pareja antes de su ruptura.

En 183 municipios ha habido numerosos empadronamientos justo antes de que se cierre el censo para las elecciones del 28 de mayo: en algunos el censo ha aumentado más de un 60% en el último año. La Oficina del Censo Electoral deberá decidir si anula o no las altas de estos nuevos vecinos.

Fue el proyecto estrella del presidente Valcárcel, para quien la Fiscalía pide once años y medio de prisión. 180 millones de metros cuadrados fueron recalificados en Murcia con el solo aval del agua potable que surtiría una desaladora, explotada por el Grupo ACS. Pero el Supremo tumbó los planes urbanísticos. Es acusado de los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la Desaladora de Escombreras, en Cartagena.