La juez Pilar Lara pide facturas a nombre de dos altos cargos de la Xunta de Galicia, dos diputados, al actual portavoz del PP de Ourense y a varios concejales y ex concejales. Lara se dirige a una de las empresas mencionadas en el auto de noviembre, la agencia de publicidad Planos, para que facilite “las facturas emitidas desde el año 2005 a la actualidad” a nombre de una docena de personas, empezando por Baltar padre e hijo, el ex alcalde de Ourense Enrique Novoa y otros cargos de la Xunta... Traducción en #1
La Juez Pilar Lara extiende la investigación sobre el PP de Ourense. Apenas un mes después de comenzar a investigar la presunta financiación irregular del PP basándose en el testimonio de su ex gerente, Emilio Pascual, la juez que instruye el caso Pokémon emitió el lunes un nuevo auto para permitir que vigilancia aduanera, el cuerpo de la Agencia Tributaria que viene siendo utilizado como Policía Judicial, pueda recopilar información acerca de posibles facturas emitidas a nombre de hasta 24 líderes para determinar si, de alguna manera, colaboraron en la comisión de los presuntos delitos de "apropiación indebida, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental", así como presuntos delitos electorales.
En este nuevo auto, cuyo contenido tuvo acceso Praza Pública, el juez extiende las sospechas más allá del año 2010, cuando la dirección del partido pasa de manos de José Luis Baltar a su hijo, José Manuel Baltar. En ambos períodos, el juez consideró que se utilizó un "sistema idéntico" para "encubrir supuestos gastos del PP", sobre todo en relación a la publicidad electoral, que, "para no superar el límite legal establecido, se emitieron las facturas a nombre de diversas personas jurídicas" de varias empresas, “y también a nombre de diferentes personas que ocupan cargos en el PP".
En este escenario, Lara se dirige a una de las empresas mencionadas en el auto de noviembre, a la agencia de publicidad Planos, para que facilite “las facturas emitidas desde el año 2005 a la actualidad” a nombre de una docena de personas, empezando por Baltar padre e hijo, el ex alcalde de Ourense Enrique Novoa y otros cargos de la Xunta como el Secretario general de Inmigración, Antonio Miranda Rodríguez y la directora general de Familia, Amparo González. En esta lista aparece también el vicepresidente del Parlamento, Miguel Santalices, la señora Marta Rodríguez-Vispo y el subdelegado del Gobierno central en la provincia, Roberto Castro.
La misma reclamación de facturas la efectúa a nombre de los hoy en día concejales del PP de Ourense, como Mónica Mourelo, José Araújo, iglesias de Belén o Aurelio Gómez. También pide facturas a nombre de los ex concejales Eloína Núñez, actual gerente del hospital de Ourense y prima del presidente de la Xunta, a su sucesora, Noelia Pérez, y también a Francisco Campos, José Luis Sousa, Francisco Javier Rodríguez Novoa.
En otra de las empresas sospechosas, Telemiño, que ya ha dicho públicamente no estar involucrada en el caso, la juez pide facturas emitidas a nombre del senador Miguel Ángel Pérez de Juan y de la concejal en Carballiño, Monserrat Caride. También vuelve a pedir al grupo municipal del PP de Ourense facturas a nombre de su portavoz, el secretario general y vicepresidente provincial de la Diputación, Rosendo Fernández, en la empresa Nacher Publicidad, a la que también le pide la facturación puede haber expedido al diputado Guillermo Collarte. En el caso de este último las sospechas se encuentran principalmente del año 2011 en adelante.
La juez considera necesario "analizar la forma de pago” de estas facturas, y los “conceptos facturados", ya que a través de este procedimiento se podría estar burlando la legislación electoral y la financiación de los partidos políticos, por lo que se participaría de un presunto delito de falsedad documental" ya que, según manifestó Pascual, ex gerente del partido, "la facturación de esos años electorales no era pagada por los candidatos" sino que se facturaban, "por el propio partido, por lo general en efectivo y sin que se reflejase en los registros oficiales, ya que el dinero provenía de donaciones recibidas de manera ilegal y por lo tanto no contabilizada". Según Lara, "las afirmaciones del señor Pascual fueron corroboradas" por la documentación facilitada por Telemiño y Planos", todavía incompleta, ya que falta documentación de facturas por entregar."
Siempre según la investigación, "en este elaborado sistema de facturación falsa y ficticia" también "colaborarían" empresas investigadas en la operación Pokémon como Aquagest, dos empresas del Grupo Vendex, Financiera y Comunicaciones Coruñesa y la constructora Extraco. Todos ellos deberán facilitar a la juez varios documentos contables y las "facturas desde 2003 hasta la actualidad" de Planos y Telemiño por si acaso simularon cobros por unos servicios que realmente tenía al PP como beneficiario.
Comentarios
Financiación ile[gal]
Este país huele a podrido vayas por donde vayas, que casta de políticos tenemos, que desgracia.
#7 aparte de nuestros politicos, creo que el problema es la gente que los vota
Habría que condenarlos por "organización de malhechores".
... y claro, la organización no es otra que el PP.
Él tiene grabaciones.
Estaría bien que aprovecharan estos percances para dejar de robar, pero viendo la clase de gente que son, no me fío ni un pelo.
La Juez Pilar Lara extiende la investigación sobre el PP de Ourense. Apenas un mes después de comenzar a investigar la presunta financiación irregular del PP basándose en el testimonio de su ex gerente, Emilio Pascual, la juez que instruye el caso Pokémon emitió el lunes un nuevo auto para permitir que vigilancia aduanera, el cuerpo de la Agencia Tributaria que viene siendo utilizado como Policía Judicial, pueda recopilar información acerca de posibles facturas emitidas a nombre de hasta 24 líderes para determinar si, de alguna manera, colaboraron en la comisión de los presuntos delitos de "apropiación indebida, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental", así como presuntos delitos electorales.
En este nuevo auto, cuyo contenido tuvo acceso Praza Pública, el juez extiende las sospechas más allá del año 2010, cuando la dirección del partido pasa de manos de José Luis Baltar a su hijo, José Manuel Baltar. En ambos períodos, el juez consideró que se utilizó un "sistema idéntico" para "encubrir supuestos gastos del PP", sobre todo en relación a la publicidad electoral, que, "para no superar el límite legal establecido, se emitieron las facturas a nombre de diversas personas jurídicas" de varias empresas, “y también a nombre de diferentes personas que ocupan cargos en el PP".
En este escenario, Lara se dirige a una de las empresas mencionadas en el auto de noviembre, a la agencia de publicidad Planos, para que facilite “las facturas emitidas desde el año 2005 a la actualidad” a nombre de una docena de personas, empezando por Baltar padre e hijo, el ex alcalde de Ourense Enrique Novoa y otros cargos de la Xunta como el Secretario general de Inmigración, Antonio Miranda Rodríguez y la directora general de Familia, Amparo González. En esta lista aparece también el vicepresidente del Parlamento, Miguel Santalices, la señora Marta Rodríguez-Vispo y el subdelegado del Gobierno central en la provincia, Roberto Castro.
La misma reclamación de facturas la efectúa a nombre de los hoy en día concejales del PP de Ourense, como Mónica Mourelo, José Araújo, iglesias de Belén o Aurelio Gómez. También pide facturas a nombre de los ex concejales Eloína Núñez, actual gerente del hospital de Ourense y prima del presidente de la Xunta, a su sucesora, Noelia Pérez, y también a Francisco Campos, José Luis Sousa, Francisco Javier Rodríguez Novoa.
En otra de las empresas sospechosas, Telemiño, que ya ha dicho públicamente no estar involucrada en el caso, la juez pide facturas emitidas a nombre del senador Miguel Ángel Pérez de Juan y de la concejal en Carballiño, Monserrat Caride. También vuelve a pedir al grupo municipal del PP de Ourense facturas a nombre de su portavoz, el secretario general y vicepresidente provincial de la Diputación, Rosendo Fernández, en la empresa Nacher Publicidad, a la que también le pide la facturación puede haber expedido al diputado Guillermo Collarte. En el caso de este último las sospechas se encuentran principalmente del año 2011 en adelante.
La juez considera necesario "analizar la forma de pago” de estas facturas, y los “conceptos facturados", ya que a través de este procedimiento se podría estar burlando la legislación electoral y la financiación de los partidos políticos, por lo que se participaría de un presunto delito de falsedad documental" ya que, según manifestó Pascual, ex gerente del partido, "la facturación de esos años electorales no era pagada por los candidatos" sino que se facturaban, "por el propio partido, por lo general en efectivo y sin que se reflejase en los registros oficiales, ya que el dinero provenía de donaciones recibidas de manera ilegal y por lo tanto no contabilizada". Según Lara, "las afirmaciones del señor Pascual fueron corroboradas" por la documentación facilitada por Telemiño y Planos", todavía incompleta, ya que falta documentación de facturas por entregar."
Siempre según la investigación, "en este elaborado sistema de facturación falsa y ficticia" también "colaborarían" empresas investigadas en la operación Pokémon como Aquagest, dos empresas del Grupo Vendex, Financiera y Comunicaciones Coruñesa y la constructora Extraco. Todos ellos deberán facilitar a la juez varios documentos contables y las "facturas desde 2003 hasta la actualidad" de Planos y Telemiño por si acaso simularon cobros por unos servicios que realmente tenía al PP como beneficiario.
PP y Ourense. Sorprendente esta noticia
http://i57.tinypic.com/2ed777p.jpg
En el PP no se salva ni la gaviota.
#8 Las gaviotas se libraron en lo del Prestige porque ya estaban acostumbradas a andar entre tanta mierda.