La Consejería de Sanidad de Cantabria, dirigida por la socialista María Luisa Real, se plantea anular la resolución aclaratoria de la claúsula del contrato público privado de Valdecilla suscrita por el que fuera gerente del hospital con el anterior Gobierno del PP, César Pascual, relativa al periodo de aplicación del mecanismo de deducciones a la adjudicataria ante la aparición de incidencias o deficiencias en la prestación de los servicios gestionados en el centro sanitario.
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Con la barbaridad de millones que se han gastado de dinero público en el hospital y resulta que "regalan" pedazos del negocio a empresas privadas en estas condiciones.
Y estos costes no son nada comparados, por ejemplo, con la compra de material médico caducado (o a punto de) por parte de la gerencia. Gracias a la mafia que reina en la sanidad cántabra se ha descapitalizado la misma a base de desviar dinero a bolsillos privados de jefazos y jefecillos. Y eso que tenemos un sistema ejemplar con los mejores profesionales, la pena es que el dinero va a donde no debe y los recortes subsiguientes hacen mucho daño al sistema.
Si solo se lo plantea, no es noticia. Cuando lo decida y lo haga, ya si eso lo meneamos
Ya tardan. Si es así, esa cláusula debería ser bajo todo punto de vista ilegal. Y al político responsable se le deberían pedir explicaciones como mínimo.
Explico esa "inmunidad" por que puede ser mal entendida.
Una empresa A se lleva, por ejemplo, el mantenimiento informático de un ayuntamiento. Al día siguiente de empezar el contrato peta una impresora que ya estaba en mal estado y la empresa no sólo la tiene que reparar sino que además ese mes no cobra como multa por no poderse imprimir. Es absurdo, y si se hace un contrato así sería muy costoso para el ayuntamiento. Lo que se hace es acordar un plazo durante el cual el contratista puede poner todo en orden y adaptarse a la situación. Al haber menos riesgos las licitaciones son más económicas.
Aunque también se puede leer "Ferrovial, PP" y empezar a echar espumarajos por la boca.