El Gobierno ha justificado la adjudicación de un contrato de 11 millones de euros al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, imputado en presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social, alegando que las actuaciones de la inspección son secretas y la Ley General Tributaria protege los nombres de los defraudadores.
La ley de contratos públicos prohíbe taxativamente las adjudicaciones a empresas deudoras a Hacienda o Seguridad Social. Ni siquiera podría alegarse que el asunto esté judicializado. Si hay deuda administrativa ya no hay adjudicación posible, y después los jueces ya dirán lo que corresponda.
#2 espero encarecidamente, que el señor Cayo Lara, aparte de preguntar, lo haya denunciado como es debido. Así no hay problema. La justicia lo anulará.
Como curiosidad, es el presidente de la UD Las Palmas. La empresa del notas tiene fama de pagar las nóminas a destiempo y no pagar ni una sola hora extra.
Comentarios
Más allá de los límites de la putrefacción y la pocavergüenza, ahí es donde gobierna el PP.
La ley de contratos públicos prohíbe taxativamente las adjudicaciones a empresas deudoras a Hacienda o Seguridad Social. Ni siquiera podría alegarse que el asunto esté judicializado. Si hay deuda administrativa ya no hay adjudicación posible, y después los jueces ya dirán lo que corresponda.
#2 espero encarecidamente, que el señor Cayo Lara, aparte de preguntar, lo haya denunciado como es debido. Así no hay problema. La justicia lo anulará.
Como curiosidad, es el presidente de la UD Las Palmas. La empresa del notas tiene fama de pagar las nóminas a destiempo y no pagar ni una sola hora extra.
Está chupado esto de justificar contratos. Los pones en el Writer, seleccionas todo y pulsas [≡] ya tal.
Nos lo recomendó la cazatalentos Aguirre y tal, ha dicho Rajoy.
Como es secreto...TRANSPARENCIA