El senado español ha avalado la ampliación de crédito de 638 millones de euros que debe servir para pagar a los bancos la indemnización por el proyecto Castor , que el gobierno ha incluido en la ley de medidas de apoyo económico y social. ERC había presentado una enmienda que pedía la supresión del artículo de la ley en la que se incluía el pago, pero la petición ha sido rechazada por la cámara. Se trata de una medida que se aprobó en diciembre de 2020, pero que no se había aplicado hasta ahora.
Comentarios
Hace muchos años me tomé la molestia de buscar informes de Bruselas sobre este caso y ya se sabía antes de construirse que no iba a ser viable por todo el tema de seísmos y así se informo tanto en Bruselas como a España... nadie hizo caso.
Menudo negocio lo del publico-privado!!!
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la empresa interesada en construir el proyecto Castor, el mayor almacén subterráneo de gas natural de España. Las propuestas presentadas por la compañía “se estiman procedentes”, concluye el informe, fechado el 23 de enero de 2007, considerado de “carácter confidencial”, pero al que ha tenido acceso este diario. El IGME, dependiente entonces del Ministerio de Educación y Ciencia —ahora, de Economía y Competitividad—, determinó que la posibilidad de que la falla de Amposta, sobre la que se asienta el almacén, se reabriera por la presión era “muy pequeña”. El informe fue redactado a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas —entonces bajo Gobierno socialista— que acababa de recibir la solicitud de Escal UGS para optar a una concesión administrativa que le permitiera explotar el Castor.
https://gfzpublic.gfz-potsdam.de/rest/items/item_532891_3/component/file_551902/content
https://academic.oup.com/gji/article/198/2/941/599627?login=false
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015-0057_ES.html?redirect#title4
Lamenta el papel del BEI y de la Comisión en el proyecto Castor, financiado en el marco de la IOP, cuya evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación(8); insta a la Comisión y al BEI a que tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1 300 millones EUR en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa; pide a la Comisión que siga las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo e investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida;
Observatori de l’Ebre (CSIC, URLL): Evaluación de Impacto Ambiental (SGEA/SHG; Ref.: GAD/13/05) – «Almacenamiento subterráneo de gas natural Amposta (Permiso Castor) (Tarragona); IAM 2109-07 – Estudio elaborado por la Dirección General de Política Ambiental y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya sobre el estudio de impacto ambiental del Proyecto de almacén subterráneo de gas natural Castor»; y Simone Cesca, Francesco Grigoli, Sebastian Heimann, Álvaro González, Elisa Buforn, Samira Maghsoudi, Estefania Blanch y Torsten Dahm (2014): «The 2013 September–October seismic sequence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection?», Geophysical Journal International, 198, 941–953.
Parecía una idea brillante para un problema colosal. Sin embargo el resultado estás siendo desastroso.