El juez David Mendoza condena al Instituto Nacional de Seguridad Social a conceder una pensión por incapacidad permanente total a un hombre de 48 años, con graves dolencias cervicales, en paro y sin haber renovado la demanda de desempleo invocando "la justicia y la equidad" del caso concreto.
por lo que he leído en el artículo la Seguridad Social hizo bien en no concedérsela, de lo contrario habrían prevaricado, y el juez ha hecho bien en dársela, dado que el requisito de estar de alta no es excesivamente importante habiendo trabajo 22 años.
En cualquier caso la falta de un buen asesoramiento por parte del trabajador es la causa de haber llegado hasta a esta situación.
#2 Sobre la falta de buen asesoramiento, la sentencia es de un juzgado de lo social, o sea que es la primera sobre este afectado. Eso significa que se la han denegado en vía administrativa. En vía administrativa, ya antes de la covid, se denegaban el 95% de las solicitudes de incapacidad permanente. Ni es creíble que el 95% de los solicitantes estén mal asesorados, ni es ésa la cuestión, porque se trata de vía administrativa. Es cuestión de que el INSS valora tu historia clínica y toma una decisión. En vía administrativa no va tu abogado al tribunal médico, sino tu historia... Sí, digo bien, porque a fecha actual, tras un RD aprobado en enero, ya no es necesario que te examinen tampoco a ti presencialmente. De hecho, se están revisando y denegando incapacidades de hace años y los afectados se están enterando porque les llega la carta a casa, tras años cobrando y sin haber experimentado mejoría alguna ni haber sido citados para revisión. La mayoría de incapacitados lo son por patologías crónicas que no se recuperan ni mejoran.
La cuestión no es estar mal asesorados ni es responsabilidad de los trabajadores, sino de la corrupción endémica de un sistema que ataca a los más débiles y que ha confirmado en enero de este año que sigue dejando a todos atrás, y de una Administración que te obliga a la vía jurisdiccional por sistema, sabedora de que muchos no seguirán recurriendo por la vía judicial, por no conocer los plazos, por no saber que tienen derecho a justicia gratuita para este tipo de litigios vía social, o por desconfiar de un turno de oficio que consideran una lotería, sin disponer de medios para poder pagar a un buen bufete especializado.
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por lo que he leído en el artículo la Seguridad Social hizo bien en no concedérsela, de lo contrario habrían prevaricado, y el juez ha hecho bien en dársela, dado que el requisito de estar de alta no es excesivamente importante habiendo trabajo 22 años.
En cualquier caso la falta de un buen asesoramiento por parte del trabajador es la causa de haber llegado hasta a esta situación.
#2 justicia versus burocracia
#2 La Seguridad Social no prevarica nunca en este país. A un intoxicado por mercurio le dieron el alta médica y no hay prevaricación.
https://www.laopinioncoruna.es/economia/2014/06/18/seguridad-social-da-alta-trabajador-24751047.html
https://elpais.com/espana/galicia/2021-05-25/piden-10-anos-de-inhabilitacion-para-tres-especialistas-del-inss-por-rechazar-la-incapacidad-de-un-trabajador-intoxicado-por-mercurio.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2021/06/07/absueltos-prevaricacion-tres-exempleados-inss-coruna-denegar-incapacidad/00031623081135983187625.htm
#2 Sobre la falta de buen asesoramiento, la sentencia es de un juzgado de lo social, o sea que es la primera sobre este afectado. Eso significa que se la han denegado en vía administrativa. En vía administrativa, ya antes de la covid, se denegaban el 95% de las solicitudes de incapacidad permanente. Ni es creíble que el 95% de los solicitantes estén mal asesorados, ni es ésa la cuestión, porque se trata de vía administrativa. Es cuestión de que el INSS valora tu historia clínica y toma una decisión. En vía administrativa no va tu abogado al tribunal médico, sino tu historia... Sí, digo bien, porque a fecha actual, tras un RD aprobado en enero, ya no es necesario que te examinen tampoco a ti presencialmente. De hecho, se están revisando y denegando incapacidades de hace años y los afectados se están enterando porque les llega la carta a casa, tras años cobrando y sin haber experimentado mejoría alguna ni haber sido citados para revisión. La mayoría de incapacitados lo son por patologías crónicas que no se recuperan ni mejoran.
La cuestión no es estar mal asesorados ni es responsabilidad de los trabajadores, sino de la corrupción endémica de un sistema que ataca a los más débiles y que ha confirmado en enero de este año que sigue dejando a todos atrás, y de una Administración que te obliga a la vía jurisdiccional por sistema, sabedora de que muchos no seguirán recurriendo por la vía judicial, por no conocer los plazos, por no saber que tienen derecho a justicia gratuita para este tipo de litigios vía social, o por desconfiar de un turno de oficio que consideran una lotería, sin disponer de medios para poder pagar a un buen bufete especializado.
EDITO. Para quien quiera seguir tirando del hilo:
¿Es firme?
Este no acabará nunca en el Supremo. Aunque imagino que él ya lo sabe