vecinxs de Montcada i Reixac (Barcelona)llevan a judicio a la Cementera Incineradora Lafarge. Viernes 28 de febrero la plataforma ciudadana #judicialacimentera (juicio a la cementera) comenzará el Corwfounding para sufragar los gastos para llevar a juicio a la cementera de Montcada i Reixac. información de la campanya #judicialafarge aqui:http://judicialacimentera.wordpress.com/
El día 15 de Abril se organizó en Valencia una conferencia promovida por la industria cementera, con el curioso nombre de “Jornadas sobre Desarrollo Sostenible: la valorización en el sector cementero”. La palabra “sostenibilidad” está de moda, y hasta las empresas más insostenibles se apoderan del término, así que conviene definir correctamente el concepto de sostenibilidad medioambiental antes de nada. Según la FAO es “la satisfacción de las necesidades de la presente generación sin comprometer a las generaciones futuras”. De tal manera que, una actividad industrial como la cementera para ser sostenible, debe estar por debajo de la capacidad de renovación de los recursos naturales, debe conservar y establecer prioridades para el uso de los recursos no renovables y debe mantener un impacto ambiental que permita a los sistemas afectados recuperarse. Resulta, cuanto menos curioso, oír hablar de sostenibilidad al “lobby” empresarial, que ha abierto canteras por toda Valencia, destruyendo gran parte de nuestras montañas, y que ha fomentado y ha colaborado en la construcción masiva de la costa durante los años del “boom” urbanístico. Ahora, que la locura especuladora, y la crisis inmobiliaria, hacen tambalear sus expectativas de negocio en la venta de cemento, esta industria busca escapatorias a un probable colapso económico. Y parece que ha encontrado una solución, aumentar otra de sus grandes capacidades destructoras… La contaminación. Tengamos en cuenta que las empresas cementeras son, junto a las centrales térmicas, las industrias que emiten más gases de efecto invernadero y contaminantes a la atmósfera en la Comunidad Valenciana.
El nuevo y peligroso negocio, consiste en un cambio de actividad, la incineración en los hornos de cemento de todo tipo de residuos: lodos de depuradora, neumáticos, harinas cárnicas, plásticos, aceites industriales, disolventes usados, etc. muchos de ellos tóxicos. A esta actividad se le llama demagógicamente “valorización”, y a los residuos “combustibles alternativos”. El truco es el siguiente, se sustituye con residuos parte del combustible utilizado tradicionalmente. Cuando funcionan normalmente las cementeras utilizan combustibles fósiles de muy baja calidad, coques de petróleo principalmente, que tienen gran poder contaminante y de emisión de gases de efecto invernadero. Ahora pretenden sustituirlo por residuos, mucho más contaminantes y peligrosos, si cabe. En este negocio, la cementera sale beneficiada por varios frentes: Primero, se ahorra una parte de la compra de combustibles derivados del petróleo al sustituirlos por residuos; Segundo, cobra como gestor de los residuos incinerados, una actividad que en estos momentos reporta cuantiosos beneficios económicos, que no ambientales; Y tercero se descuenta en las cuotas de CO2 las emisiones originadas por los residuos, ya que asumen que si no se incineran en las cementeras tendrán que ser quemados de todos modos. Este último punto, altera todos los principios de sostenibilidad en cuanto a gestión residuos, que son por orden de prioridad: generar la menor cantidad posible, si se generan, reusar y reutilizar, si no se puede, entonces reciclar y como última instancia, eliminar mediante incineración o vertedero, siempre que no haya alternativa, pero no como la opción primera.
Con la actitud insostenible de la industria cementera valenciana, de la que es cómplice el Gobierno Valenciano, a través de su Director General de Calidad Ambiental, el cual firma todas las solicitudes de incineración de residuos en cementeras, así como, manifiesta abiertamente y en público el apoyo a esta actividad, tal y como hizo en las jornadas por la mal entendida “sostenibilidad”, el resultado final sólo puede ser uno: el enriquecimiento del más poderoso de los “lobbys“ de la Comunidad Valenciana a costa del aumento de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero y de poner, aún más, en peligro la salud de las personas y el medio ambiente.
Jorge Mateos Pérez
Acción Ecologista Agró
El problema de la cementera incineradora de Lafarge, situada en Montcada i Reixac (Barcelona), afecta a diferentes municipios. La Llagosta, Barbera del Vallès, Ripollet, Cerdanyola, Santa Coloma, y de Barcelona en los distritos de Nou Barris y Sant Andreu del Palomar. Su contaminación y los problemas de salud derivados afectan más allá del municipio de Montcada i Reixac.
Es por ello que se inició la Acusación Popular que necesita hoy del apoyo de todas. Hemos avanzado un pequeño paso, pero aún queda camino por recorrer.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña canceló el 16 de septiembre la declaración de impacto ambiental que Lafarge pidió para incinerar residuos en su cementera de Montcada i Reixac. El Tribunal esgrime que el Departamento de Medio Ambiente la aprobó el mismo día que daba la autorización de actividad y esto hizo que no hubiera tiempo suficiente para que la aprobación fuera publicada y se pudiera abrir periodo de alegaciones. La sección tercera del TSJC ha resuelto un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Vecinos del barrio de Can Sant Joan, que además de la falta de participación ciudadana citaba hasta trece motivos más para tumbar la licencia ambiental. La Asociación pide al TSJC que cierre de inmediato la fábrica y haga cumplir la sentencia y estudia denunciar la Generalitat por prevaricación ante la Oficina Antifraude y, porque según denuncian, ha obstaculizado la defensa del vecindario escondiendo documentos o no dando respuesta a sus requerimientos. El TJSC remarca en la sentencia que la publicación de la declaración de impacto ambiental no es "un mero requisito formulario, sino que debe llevarse a cabo por el general conocimiento de los interesados y afectados". Aún así, Lafarge, que no contempla dejar de incinerar, recurrirá al Tribunal Supremo una sentencia que según dicen sólo impugna "un defecto de forma en el proceso administrativo".
El vecindario de Can Sant Joan denuncia desde 2007 que la actividad de la fábrica de cemento Lafarge-Asland perjudica la salud y el medio ambiente. Manifestaciones, charlas, asambleas y, incluso, un cuento hecho por los chiquillos de Moncada que cuenta la historia de San Jorge y el Monstruo del Cemento han servido para hacer frente a una fábrica instalada en la entrada de Barcelona desde hace décadas. La fábrica se encuentra a 200 metros de las primeras viviendas y de un colegio, un campo de fútbol y varias barriadas de Moncada. Si ampliamos el radio a un kilómetro se encuentra el Ayuntamiento, el CAP, otras escuelas y buena parte de los habitantes del municipio. José Luis Conejero, portavoz de la Plataforma contra la Incineración de Montcada i Reixac, dice que "la fábrica de cemento emite partículas muy finas que provocan la contaminación del aire y genera un fuerte olor", fruto de la nueva línea de negocio que Lafarge inició con la llegada de la crisis. Lafarge obtuvo en 2008 la autorización ambiental del consejero de Medio Ambiente del Tripartito Francesc Baltasar (ICV-EUiA) para quemar residuos como alternativa a los combustibles fósiles y, así, poder hacer funcionar los hornos.
Con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, el sector vio en la combustión de residuos una oportunidad para diversificar el negocio ante la bajada de los ingresos-de un 80% - para la producción de cemento y para ahorrar en combustible convencional. La nueva actividad tiene un beneficio neto para las cementeras: en cuanto a los costes, reducen el precio de compra de combustibles fósiles y evitan gastos asociados a la emisión de dióxido de carbono, y en cuanto a los ingresos, reciben dinero público por cada tonelada de residuos que eliminan. "Un negocio redondo", en palabras de Mercè Girona, miembro del Centro de Ecología y Proyectos Alternativos (CEPA). El ecologista arremete contra estas operaciones: "es la peor tecnología, la menos eficiente y conlleva muchos riesgos para la salud. Las fábricas de cemento dispersan la contaminación, lo cual es muy grave, y no cumplen con las directivas europeas ". Girona plantea que la única alternativa es que las cementeras cumplan las directivas y propone la creación de una nueva ley que ponga fin a operaciones que las cementeras han puesto en marcha.
Extraido de #judicialacimentera http://judicialacimentera.wordpress.com/
Históricamente, existe una estrecha relación entre la industria cementera y las élites políticas. Desde el establecimiento de la primera fábrica de cemento en 1901 en Castellar de N'Hug, de la mano del empresario Eusebi Güell, grandes familias de la burguesía catalana, como los Bertran o los Molinos, o grandes fortunas de España, como las hermanas Koplowitz, se han dedicado al negocio del cemento. El elevado coste económico de la puesta en marcha de un horno de cemento ha configurado un mercado muy cerrado, reservado a grandes capitales y familias influyentes, que en España se traduce en un oligopolio repartido esencialmente en tres grandes empresas: Cementos Portland Valderribas, controlada por Esther Koplowitz y presidida por el ex de CEMEX, Jose Luis Saenz de Miera y las dos grandes empresas mundiales del sector: CEMEX, presidida por Ignacio Madridejos y controlada por un holding de capital mexicano con sede en Amsterdam, y Lafarge, presidida por Isidoro Miranda y controlada por una sociedad financiera e inmobiliaria con sede en París.
En nuestro país, hablar de cemento es hablar de CEMEX, Lafarge y Valderribas (que opera en Cataluña a través de su filial Uniland Cementera), pero también de Cementos Molins. Estas cuatro empresas son las principales productoras de cemento de Cataluña y se agrupan en la patronal Cemento Catalán, que desde 1979 vela por expandir los beneficios del sector, mientras asesora y provee de servicios diversos las empresas. La función principal de la agrupación, sin embargo, es presionar a la administración para lograr la "sintonía" de los Departamentos de Territorio y Sostenibilidad y Empresa y Empleo, con el que mantiene reuniones periódicas sin importar el signo del partido que esté en el Gobierno. Y lo hace con resultados. Las familias Koplowitz o Molinos han visto engordar su fortuna de manera exponencial con el fuerte crecimiento de infraestructuras, urbanizaciones y viviendas de las últimas décadas, impulsado por una política alcista de gasto de la administración pública. Sus empresas se han beneficiado de una demanda creciente y constante durante años que junto con el impulso administrativo, las ha situado en el colofón de la escala de las principales fortunas españolas y catalanas. La llegada de la crisis, sin embargo, los ha obligado a orientar el negocio a la exportación y la valorización de residuos: un nuevo mercado a exprimir, una nueva muestra de lo que la economía capitalista llama "flexibilidad".
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Es alucinante qeu valga más sus benficios que la salud de los vecinos
El día 15 de Abril se organizó en Valencia una conferencia promovida por la industria cementera, con el curioso nombre de “Jornadas sobre Desarrollo Sostenible: la valorización en el sector cementero”. La palabra “sostenibilidad” está de moda, y hasta las empresas más insostenibles se apoderan del término, así que conviene definir correctamente el concepto de sostenibilidad medioambiental antes de nada. Según la FAO es “la satisfacción de las necesidades de la presente generación sin comprometer a las generaciones futuras”. De tal manera que, una actividad industrial como la cementera para ser sostenible, debe estar por debajo de la capacidad de renovación de los recursos naturales, debe conservar y establecer prioridades para el uso de los recursos no renovables y debe mantener un impacto ambiental que permita a los sistemas afectados recuperarse. Resulta, cuanto menos curioso, oír hablar de sostenibilidad al “lobby” empresarial, que ha abierto canteras por toda Valencia, destruyendo gran parte de nuestras montañas, y que ha fomentado y ha colaborado en la construcción masiva de la costa durante los años del “boom” urbanístico. Ahora, que la locura especuladora, y la crisis inmobiliaria, hacen tambalear sus expectativas de negocio en la venta de cemento, esta industria busca escapatorias a un probable colapso económico. Y parece que ha encontrado una solución, aumentar otra de sus grandes capacidades destructoras… La contaminación. Tengamos en cuenta que las empresas cementeras son, junto a las centrales térmicas, las industrias que emiten más gases de efecto invernadero y contaminantes a la atmósfera en la Comunidad Valenciana.
El nuevo y peligroso negocio, consiste en un cambio de actividad, la incineración en los hornos de cemento de todo tipo de residuos: lodos de depuradora, neumáticos, harinas cárnicas, plásticos, aceites industriales, disolventes usados, etc. muchos de ellos tóxicos. A esta actividad se le llama demagógicamente “valorización”, y a los residuos “combustibles alternativos”. El truco es el siguiente, se sustituye con residuos parte del combustible utilizado tradicionalmente. Cuando funcionan normalmente las cementeras utilizan combustibles fósiles de muy baja calidad, coques de petróleo principalmente, que tienen gran poder contaminante y de emisión de gases de efecto invernadero. Ahora pretenden sustituirlo por residuos, mucho más contaminantes y peligrosos, si cabe. En este negocio, la cementera sale beneficiada por varios frentes: Primero, se ahorra una parte de la compra de combustibles derivados del petróleo al sustituirlos por residuos; Segundo, cobra como gestor de los residuos incinerados, una actividad que en estos momentos reporta cuantiosos beneficios económicos, que no ambientales; Y tercero se descuenta en las cuotas de CO2 las emisiones originadas por los residuos, ya que asumen que si no se incineran en las cementeras tendrán que ser quemados de todos modos. Este último punto, altera todos los principios de sostenibilidad en cuanto a gestión residuos, que son por orden de prioridad: generar la menor cantidad posible, si se generan, reusar y reutilizar, si no se puede, entonces reciclar y como última instancia, eliminar mediante incineración o vertedero, siempre que no haya alternativa, pero no como la opción primera.
Con la actitud insostenible de la industria cementera valenciana, de la que es cómplice el Gobierno Valenciano, a través de su Director General de Calidad Ambiental, el cual firma todas las solicitudes de incineración de residuos en cementeras, así como, manifiesta abiertamente y en público el apoyo a esta actividad, tal y como hizo en las jornadas por la mal entendida “sostenibilidad”, el resultado final sólo puede ser uno: el enriquecimiento del más poderoso de los “lobbys“ de la Comunidad Valenciana a costa del aumento de las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero y de poner, aún más, en peligro la salud de las personas y el medio ambiente.
Jorge Mateos Pérez
Acción Ecologista Agró
El problema de la cementera incineradora de Lafarge, situada en Montcada i Reixac (Barcelona), afecta a diferentes municipios. La Llagosta, Barbera del Vallès, Ripollet, Cerdanyola, Santa Coloma, y de Barcelona en los distritos de Nou Barris y Sant Andreu del Palomar. Su contaminación y los problemas de salud derivados afectan más allá del municipio de Montcada i Reixac.
Es por ello que se inició la Acusación Popular que necesita hoy del apoyo de todas. Hemos avanzado un pequeño paso, pero aún queda camino por recorrer.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña canceló el 16 de septiembre la declaración de impacto ambiental que Lafarge pidió para incinerar residuos en su cementera de Montcada i Reixac. El Tribunal esgrime que el Departamento de Medio Ambiente la aprobó el mismo día que daba la autorización de actividad y esto hizo que no hubiera tiempo suficiente para que la aprobación fuera publicada y se pudiera abrir periodo de alegaciones. La sección tercera del TSJC ha resuelto un recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación de Vecinos del barrio de Can Sant Joan, que además de la falta de participación ciudadana citaba hasta trece motivos más para tumbar la licencia ambiental. La Asociación pide al TSJC que cierre de inmediato la fábrica y haga cumplir la sentencia y estudia denunciar la Generalitat por prevaricación ante la Oficina Antifraude y, porque según denuncian, ha obstaculizado la defensa del vecindario escondiendo documentos o no dando respuesta a sus requerimientos. El TJSC remarca en la sentencia que la publicación de la declaración de impacto ambiental no es "un mero requisito formulario, sino que debe llevarse a cabo por el general conocimiento de los interesados y afectados". Aún así, Lafarge, que no contempla dejar de incinerar, recurrirá al Tribunal Supremo una sentencia que según dicen sólo impugna "un defecto de forma en el proceso administrativo".
El vecindario de Can Sant Joan denuncia desde 2007 que la actividad de la fábrica de cemento Lafarge-Asland perjudica la salud y el medio ambiente. Manifestaciones, charlas, asambleas y, incluso, un cuento hecho por los chiquillos de Moncada que cuenta la historia de San Jorge y el Monstruo del Cemento han servido para hacer frente a una fábrica instalada en la entrada de Barcelona desde hace décadas. La fábrica se encuentra a 200 metros de las primeras viviendas y de un colegio, un campo de fútbol y varias barriadas de Moncada. Si ampliamos el radio a un kilómetro se encuentra el Ayuntamiento, el CAP, otras escuelas y buena parte de los habitantes del municipio. José Luis Conejero, portavoz de la Plataforma contra la Incineración de Montcada i Reixac, dice que "la fábrica de cemento emite partículas muy finas que provocan la contaminación del aire y genera un fuerte olor", fruto de la nueva línea de negocio que Lafarge inició con la llegada de la crisis. Lafarge obtuvo en 2008 la autorización ambiental del consejero de Medio Ambiente del Tripartito Francesc Baltasar (ICV-EUiA) para quemar residuos como alternativa a los combustibles fósiles y, así, poder hacer funcionar los hornos.
Con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, el sector vio en la combustión de residuos una oportunidad para diversificar el negocio ante la bajada de los ingresos-de un 80% - para la producción de cemento y para ahorrar en combustible convencional. La nueva actividad tiene un beneficio neto para las cementeras: en cuanto a los costes, reducen el precio de compra de combustibles fósiles y evitan gastos asociados a la emisión de dióxido de carbono, y en cuanto a los ingresos, reciben dinero público por cada tonelada de residuos que eliminan. "Un negocio redondo", en palabras de Mercè Girona, miembro del Centro de Ecología y Proyectos Alternativos (CEPA). El ecologista arremete contra estas operaciones: "es la peor tecnología, la menos eficiente y conlleva muchos riesgos para la salud. Las fábricas de cemento dispersan la contaminación, lo cual es muy grave, y no cumplen con las directivas europeas ". Girona plantea que la única alternativa es que las cementeras cumplan las directivas y propone la creación de una nueva ley que ponga fin a operaciones que las cementeras han puesto en marcha.
Extraido de #judicialacimentera
http://judicialacimentera.wordpress.com/
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El lobby del cemento mantiene los beneficios
Históricamente, existe una estrecha relación entre la industria cementera y las élites políticas. Desde el establecimiento de la primera fábrica de cemento en 1901 en Castellar de N'Hug, de la mano del empresario Eusebi Güell, grandes familias de la burguesía catalana, como los Bertran o los Molinos, o grandes fortunas de España, como las hermanas Koplowitz, se han dedicado al negocio del cemento. El elevado coste económico de la puesta en marcha de un horno de cemento ha configurado un mercado muy cerrado, reservado a grandes capitales y familias influyentes, que en España se traduce en un oligopolio repartido esencialmente en tres grandes empresas: Cementos Portland Valderribas, controlada por Esther Koplowitz y presidida por el ex de CEMEX, Jose Luis Saenz de Miera y las dos grandes empresas mundiales del sector: CEMEX, presidida por Ignacio Madridejos y controlada por un holding de capital mexicano con sede en Amsterdam, y Lafarge, presidida por Isidoro Miranda y controlada por una sociedad financiera e inmobiliaria con sede en París.
En nuestro país, hablar de cemento es hablar de CEMEX, Lafarge y Valderribas (que opera en Cataluña a través de su filial Uniland Cementera), pero también de Cementos Molins. Estas cuatro empresas son las principales productoras de cemento de Cataluña y se agrupan en la patronal Cemento Catalán, que desde 1979 vela por expandir los beneficios del sector, mientras asesora y provee de servicios diversos las empresas. La función principal de la agrupación, sin embargo, es presionar a la administración para lograr la "sintonía" de los Departamentos de Territorio y Sostenibilidad y Empresa y Empleo, con el que mantiene reuniones periódicas sin importar el signo del partido que esté en el Gobierno. Y lo hace con resultados. Las familias Koplowitz o Molinos han visto engordar su fortuna de manera exponencial con el fuerte crecimiento de infraestructuras, urbanizaciones y viviendas de las últimas décadas, impulsado por una política alcista de gasto de la administración pública. Sus empresas se han beneficiado de una demanda creciente y constante durante años que junto con el impulso administrativo, las ha situado en el colofón de la escala de las principales fortunas españolas y catalanas. La llegada de la crisis, sin embargo, los ha obligado a orientar el negocio a la exportación y la valorización de residuos: un nuevo mercado a exprimir, una nueva muestra de lo que la economía capitalista llama "flexibilidad".