Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de diciembre de 2002 estimó íntegramente el recurso interpuesto por el abogado de una familia de la Colonia de Monte Algaida, cuyas propiedades en La Dehesilla fueron objeto de un plan de reparcelación del que “nunca tuvieron conocimiento”. Por este motivo, ante la “falta de respuesta del Ayuntamiento de Sanlúcar” y varios años después, el TSJA ha procedido a embargar una relación de bienes de titularidad municipal que comenzarán a subastarse en breve para saldar así la deuda.
Comentarios
Vaya pasta gansa
, por cierto, gracias por esmerarte la noticia.
Amplio:
“La voluntad, el interés y la prioridad del Ayuntamiento está en liquidar esta deuda”, ha reconocido la gerente de Urbanismo en el Consistorio sanluqueño, Mónica González Pecci, quien además se ha mostrado de acuerdo al hecho de que la familia reciba una indemnización “dado el perjuicio que se le causó que fue por una mala gestión del Ayuntamiento en ese momento”. Ante la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya decidido señalar varias propiedades municipales no afectadas por uso público para sacarlas a subasta y, así, intentar saldar la deuda, la gerente de Urbanismo asegura que desde el Consistorio se están haciendo esfuerzos para llegar a un compromiso de pago pero que “la situación y la coyuntura económica actual no nos lo permite”. A la sazón, no existe liquidez en la Gerencia Municipal de Urbanismo - que ahora ha asumido la responsabilidad de este problema que se originó cuando este ente aún no se había creado - ni tampoco en el Ayuntamiento de Sanlúcar que recientemente ha aprobado un Plan de Saneamiento para hacer frente a la deuda de más de 100 millones de euros que arrastra la Administración local.
Sobre la familia:
La familia, que ha dado a conocer públicamente la situación debido a la situación familiar que atraviesan, al tener 9 hijos y trece nietos, no descarta recurrir al Defensor del Pueblo y manifestarse ante el Consistorio para que se haga eco de la difícil situación en la que se encuentran, “agravada por la actitud pasiva y morosa del Ayuntamiento”
A pesar de que aseguran que “les consta” que la voluntad municipal pasa por llegar a un acuerdo de pago, la familia “a estas alturas ya no cree en ningún acuerdo que no se materialice por escrito o mediante convenio y con plenas garantías de cobro”.
Y mi pregunta es: ¿Ninguno de los responsables políticos ni técnicos tienen ningun tipo de responsabilidad sobre ese despropósito?. Piensoo que legalmente no es viable. Pues cambiemos las leyes y veremos como estós desfalcos dejan de pasar.
Hasta los mismísimos de esta casta.