Javier Domínguez ha escrito (...)lo que era esa farsa de los juicios sumarísimos –ficción jurídica, lo llama él-, y que en realidad no fueron sino el injusto procedimiento que regulaba el Código de Justicia Militar, sus penas, que podían ir desde los seis meses y un día a la pena de muerte, y esa vil herramienta jurídica que utilizó el dictador y sus seguidores para censurar, reprimir y eliminar todo aquello que, según ellos, podría ser sospechoso de atentar, criticar o no ser suficientemente afecto al régimen.
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Desde 1936 a 1943 los tribunales militares establecen la jurisprudencia de que los que se opusieron por las armas en la guerra al “Legítimo Gobierno Militar constituido tras el Alzamiento”, es decir todos los que defendieron la República, son reos de los delitos de Rebelión Militar, si emplearon armas y de, Adhesión a la Rebelión, Auxilio a la Rebelión, Inducción a la Rebelión, o Apología de la Rebelión, si no las emplearon. Media España quedó incursa en estos delitos.
Franco estableció este procedimiento sumarísimo, que estaba previsto para los rebeldes militares en casos de emergencia militar, y lo aplicó para juzgar a políticos, sindicalistas, poetas, maestros de escuela…, y rojos en general.
No se cerrarán las heridas de la guerra hasta que el Tribunal Supremo no reconozca que todo este aparato legal y jurídico no es más que un montaje, bastante burdo, por cierto, para justificar “la dolorosa y necesaria extirpación quirúrgica de la que así denominaban como “antiespaña”, es decir del genocidio