Hace 12 años | Por alerta_roja_1 a kaosenlared.net

Comentarios

Toranks

Menuda mierda de fanatismos... están por todas partes

weezer

Europeito metiendo la pata sobre algo que no tiene ni idea.

vicvic

¿Un sentido pesame por un jefecillo de una organizacion terrorista y que se dedica a secuestros,narcotrafico y terror en general..? ¡Nos hemos vuelto locos! uff... que griman dan estas noticias. No voto negativo porque no suelo hacerlo,pero no será por falta de ganas..

D

#2 asi son los comunistas

D

aqui teneis la verdadera cara del comunismo, la ideología más criminal que ha asolado este mundo.

alerta_roja_1

Colombia: Más de 4 mil cadáveres de los 10 mil de desaparecidos identificados eran menores de edad

Más de 4 mil cadáveres de víctimas de la violencia interna, sepultados en varios cementerios colombianos como No Nominados (NN), corresponderían a menores de edad, afirmó este viernes el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, durante la rendición de cuentas del proceso de identificación de casi 10 mil desaparecidos en el país suramericano.

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Vargas resaltó que en un corto tiempo el Gobierno colombiano logró la identidad plena de 9 mil 968 personas que figuraban sin identificar, algunas de las cuales aparecían en los registros oficiales como desaparecidas, y consideró como una “vergüenza” para Colombia que existan 57 mil 854 ciudadanos desaparecidos.

“Frente a esta cifra, y ante el dolor mucho más grande que los números no pueden reflejar, su identificación debe ser una prioridad del Estado colombiano, y sobre la importancia de ello tiene que sensibilizarse la opinión pública”, manifestó el ministro.

Las identificaciones se lograron con la participación conjunta del Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Registraduría Nacional del Estado Civil, entes que compararon las huellas digitales (necrodactilias) de 22 mil 689 personas muertas no identificadas y sepultadlas en fosas comunes. De ellas se logró identificar las cerca de 10 mil, en lo que se consideró un gran avance, tanto por las Naciones Unidas como por voceros del partido Polo Democrático (oposición).

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Los 12 mil 724 cuerpos restantes, calificados como NN, no pudieron ser identificados. Se estima que la huella dactilar de los fallecidos no estaba bien tomada, por el deterioro de la tarjeta necrodactilar, o porque se trataba de personas sin documento de identificación, o en algunos casos podrían ser extranjeros no registrados.

“Nos asiste el deber, jurídico y moral, de lograr, con acciones y resultados como los que acabo de reseñar, que el sufrimiento de una familia por desconocer el paradero de un ser querido, se reduzca, al menos en parte, al saber de su encuentro, con la entrega del cuerpo, de la que se ocupa Medicina Legal, y con la posibilidad de hacer el duelo. Nada menos es admisible en un Estado Social de Derecho ni aceptable como resultado de un Gobierno que se precie de ser democrático”, afirmó Vargas Lleras.

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El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, resaltó la rapidez con la que se ha ejecutado este convenio y dijo que nadie había avanzado tanto y tan rápido. “El gobierno hace un giro tan fuerte en una atención a las víctimas con la ley de Víctimas, y con esta voluntad de esclarecer lo que pasó. Creo que Colombia está por muy buen camino”, manifestó.

Salazar hizo varias recomendaciones al Gobierno colombiano, entre ellas el respaldo del ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas para identificar a cientos, o tal vez miles de personas que aparecen como ‘NN muertos en combate’ y revivir los procesos que la Justicia penal militar cerró, especialmente entre 2002 y 2006, de personas aparentemente muertas en combate en Antioquia y Meta, al sur del país.

Se calcula que alrededor de 2 mil jóvenes pobres, marginados, estudiantes y campesinos fueron asesinados por militares, quienes los hicieron pasar por guerrilleros para así cobrar premios por la muerte de enemigos u obtener más vacaciones o ascensos. En Colombia este escándalo se conoce como los falsos positivos.

Elementos de la justicia Colombiana han abierto más de dos mil expedientes de ejecuciones extrajudicales de civiles, en los cuales han sido procesados o condenados unos 500 uniformados.

Sin embargo, al menos un centenar de militares condenados hasta a 40 años de prisión por este tipo de hechos continúan activos en el Ejército, devengando salario mensual y con la posibilidad de optar a cursos de ascensos, según informaciones publicadas en la prensa local.

La mayoría de estos asesinatos se produjeron durante los dos gobiernos del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), período en el que el actual presidente, Juan Manuel Santos, fue ministro de Defensa.

Diversas organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas denunciaron sistemáticamente estos crímenes, pese a las amenazas que sufrieron de los grupos paramilitares y del propio Ejército.