Hace 11 años | Por Rodin a iustel.com
Publicado hace 11 años por Rodin a iustel.com

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que no debe "criminalizarse" cualquier acto de reunión o manifestación en el que haya críticas, "incluso de libertad de expresión", como los escraches, pero ha advertido también de que en la Fiscalía no van a ser "insensibles" ni van a quedarse "pasivos" ante "cualquier desbordamiento"...

Comentarios

Rodin
Yoryo

Primero que si, ahora que no, a este ¿quien le ha puesto?......... ahora lo entiendo todo, marianico "el corto" approved

D

Y los desbordamientos de Cospedal... se mantendrá pasivo, o es que los políticos pueden intimidar a los ciudadanos

OCLuis

Los políticos viven tan lejos de la realidad que si saliese España entera para protestar contra la crisis nos pondrían 300€ de multa a cada uno y se acabaría todo el problema de la noche a la mañana.

D

El mismo facha que les dijo a sus perros fascistas que recusaran la imputacion de la princesita

caradeculoconpelos

¿En qué se basa la PAH para considerarse representante de la mayoría? Como plataforma, la PAH tiene miembros (su número no es especifica en los textos ni en su página web, o al menos yo no lo he encontrado), y para la presentación de la ILP recabó 1.402.854 firmas. Sin embargo, hay que señalar que estos centenares de miles de ciudadanos dieron su apoyo a un documento concreto, no se adhirieron a la plataforma, de modo que la PAH no puede considerarse representante de esos ciudadanos más que para la presentación de la ILP, que es para lo que dichos ciudadanos dieron su firma y su permiso. Así pues, en lo referente a los escraches, la PAH solo representa a sus miembros, que difícilmente pueden considerarse “una mayoría social”

Es obvio que a la PAH, como a los firmantes de la ILP, y sin duda a muchos otros ciudadanos, no les gusta la actual ley hipotecaria. Y por supuesto, tienen derecho a manifestarlo y a intentar cambiarla: para eso existe el procedimiento de ILP. Sin embargo, en su crítica la PAH eleva extraordinariamente el tono de los calificativos, llegando a acusarla de ir contra los derechos humanos. Como expresión de una opinión, es respetable. Sin embargo, parece incompatible con su afirmación de que se hayan “agotado todas las vías y mecanismos democráticos” para cambiarla: ¿podría una ley que va contra los derechos humanos, superar todos los mecanismos y controles democráticos nacionales e internacionales? O bien la PAH no ha recurrido realmente a todos los estamentos posibles, o bien no ha encontrado ninguno que respalde esa valoración. Tenemos que concluir pues, que estamos ante una consideración meramente subjetiva de la PAH, pero de gran transcendencia en la justificación del escrache.

Según la PAH, nadie puede aportar nada ni corregir nada sobre la ILP, debe aceptarse en su totalidad y no admite ningún tipo de negociación. Debemos deducir por tanto que la ILP es perfecta, y cualquier retoque solo podría empeorarla. En los mecanismos normales de cualquier democracia, las leyes requieren un proceso de discusión y presentación de enmiendas previo a su aprobación, pero con su representatividad de 1.402.854 firmas, la PAH considera que este proceso es, no solo innecesario, sino inaceptable.

Llegamos por fin al punto de justificación del escrache: la criminalización de todo aquel diputado que no apoye la ILP. Es una consecuencia lógica de las premisas anteriores: si la ley hipotecaria va contra los derechos humanos, y la única solución posible contra esta ley criminal es la total aceptación de la ILP, entonces todo aquel que se oponga a la ILP en su totalidad o en parte estaría obstaculizando la solución y, por lo tanto, apoyando la continuidad del crimen. Su derecho a votar “NO” se convierte en un mero obstáculo para la PAH, ya que el único voto lícito es el “SÍ”.

# Ya tenemos el delito y el culpable: ahora vamos al castigo. Con la misma representatividad discutida en el punto 1, la PAH se arroga el derecho a dictar sentencia y ejecutar el castigo. El objetivo es muy claro: “que no puedan vivir de forma impune”, y la PAH pretende lograr eso mediante el escrache. No aparece el menor indicio de cualquier garantía democrática en este punto: no hay derecho a la defensa ni tribunal independiente, el acusador es también juez y verdugo, y dicta sentencia sin escuchar siquiera al acusado.

Escrache y democracia

Hace 11 años | Por marioquartz a hayderecho.com

Rodin

#5 La PAH tiene legitimidad para exigir un cambio en la ley hipotecaria: http://politica.elpais.com/politica/2013/03/14/actualidad/1363248602_932663.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20130314/54368376494/justicia-europea-ley-espanola-hipotecas.html
La justicia europea la considera abusiva e ilegal.

caradeculoconpelos

#6 Todos estamos legitimados para exigir un cambio en las leyes, no hace falta que lo diga la justicia europea. De lo que se habla aquí es del acoso como método para coaccionar al legislador.