El Gobierno de Cantabria pretende evitar la ejecución de la mayor parte de las sentencias que ordenan el derribo de más de 500 viviendas, la mayoría construidas en la costa. La asociación ecologista Arca, impulsora de casi todas las denuncias contra las infracciones de los ayuntamientos, rechaza un plan ad hoc del Gobierno cántabro para legalizar las residencias ilegales, y pide la ejecución de los derribos y que los ayuntamientos responsables indemnicen a los afectados.
Comentarios
es q son de los amiguetes, y no mola eso de tirarselas.
si son ilegales son ilegales, pero para eso estan los corruptos de los politicos para interpretar la ley a su gusto. primero que las tiren y despues que reformen el plan urbanistico y las vuelvan a hacer, asi darian curro
si tirasen todas las casas ilegales que hay, pronto acabariamos con todo el exceso de vivienda que hay, y asi desinflariamos la burbuja