Los cargos públicos de las administraciones andaluzas que no suministren información a los ciudadanos o entidades que la reclamen debidamente, que la entreguen con un retraso injustificado o que no cumplan con los criterios de veracidad obligados ya no tendrán que pagar multas de su bolsillo como sucedía hasta ahora. Así lo recogerá un cambio normativo que se hará efectivo el próximo mes de enero cuando se cambie la Ley de Transparencia vigente.
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