Basándose en informes del Tribunal de Cuentas, expertos y movimientos sociales, COESPE denuncia que el Estado ha cargado indebidamente más de 103.690 millones de euros al sistema, fondos que deberían ser devueltos de forma inmediata. La Coordinadora sostiene que esa devolución permitiría elevar las pensiones mínimas al SMI, garantizar la sostenibilidad del sistema sin recortes y reducir la brecha de género, desmontando así el argumento de la supuesta insostenibilidad del modelo público de reparto.
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