El director general Ignacio Ruiz Latierro negó que la sentencia del Tribunal Supremo esgrimida por la promotora avale la explotación y reprochó a los impulsores un 'trato displicente y manipulador' hacia los asturianos. A su juicio, la pretensión de tramitar el proyecto como PIER es "claramente irregular", ya que la norma busca "captar nuevas inversiones y no reabrir iniciativas con resoluciones desfavorables".
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