Es el Gobierno de cada municipio el que escoge cómo abordar (o no) las problemáticas que expulsan a los vecinos de sus barrios. Es decir, si prioriza la construcción de vivienda pública y dificulta el alquiler de temporada, o si criminaliza la pobreza y exige mano dura contra la ocupación. Badalona (PP) y Santa Coloma de Gramenet (PSC) son dos ciudades colindantes de diferente signo político que muestran algunas diferencias en su estrategia y discurso sobre la vivienda.
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