En efecto, el fiscal del Supremo, Felix Herrero Abad, ha elaborado un informe en el que mantiene que la responsabilidad de los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información debe atenerse a las disposiciones de la LSSI y de la Directiva comunitaria de comercio electrónico, lo que choca con lo dispuesto en las sentencias recurridas por la Asociación de Internautas ante el Tribunal Supremo de España.
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