El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que los progenitores de menores con discapacidad pueden beneficiarse de medidas razonables de conciliación en el ámbito laboral, extendiendo la protección contra la discriminación indirecta por motivos de discapacidad. Las empresas deberán adaptar las condiciones de trabajo siempre que no suponga una carga desproporcionada.
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