La Audiencia de Sevilla ha elevado el caso de los ERE fraudulentos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para plantearle cuatro cuestiones prejudiciales después del desafío mantenido esta primavera con el Tribunal Constitucional (TC).
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Por eso la Audiencia ha elevado está cuestión al TJUE, porque los jueces que componen la sala creen que si se ha atribuido prerrogativas que no son suyas
Recordemos el artículo 9.3 de la constitución
La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Luego ya, si acaso, hablamos de cómo es un país en el que su tribunal supremo no respeta el principio de legalidad.
A esa gente se la condeno por aprobar una ley en su tribuna política, una ley votada en este caso por mas partidos. No se apropiaron de nada ilegalmente. Y la constitución deja claro que no se puede juzgar desiciones tomadas en parlamentos ... de las puede declarar inconstitucionales y derogarlas pero no actuar judicialmente contra los miembros de esas cámaras por normas llevadas a votación.
¿Lo entiendes o te hago un croquis? ... esa sentencia fue un acto de prevaricación judicial aberrante (lawfare) y todos esos jueces deberían estar inhabilitados hace mucho.
La audiencia y sus tribunales deben informar a la Comisión Europea de la Competencia de todos los casos que conozcan al respecto de varias materias sensibles, por si la Comisión quiere personarse en la causa, pero dicen que para cuidar de los bancos ya están ellos, no sea que Europa sea menos
patriotavendepatrias que ella.Los magistrados de la Audiencia, en un movimiento inédito, cuestionaron por primera vez la doctrina del alto tribunal de garantías español y rehusaron aplicar sus 10 sentencias, que anulaban las penas a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, al estimar sus recursos de amparo. Ahora, los magistrados suspenden la tramitación de la causa “por un riesgo sistémico de impunidad”
No lo descartes; la mayoría de los españoles no son unos matados con tres luces