La Justicia lo responsabiliza de haber cometido un delito contra los derechos de los trabajadores y tuvo en cuenta atenuantes como las dilaciones indebidas o la reparación de daños. Al tiempo, existen otras condenas contra otros tres cargos, una de ellas a la por entonces delegada de Alcor en Asturias y Cataluña, al jefe de servicios en las Islas Canarias y a una administrativa de la sede de Monforte.
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