La querella del abogado Gonzalo Boyé contra NSO Group Technologies, fabricantes del software espía, pone de relieve la dificultad de la legislación para proteger los derechos fundamentales de los avances tecnológicos. Las dudas son quién recibe en primer término los datos volcados de los móviles espiados, cómo se garantiza la destrucción o custodia de esos datos tal como fijan las leyes y si las pruebas obtenidas son veraces.
Ayer estuve leyendo un hilo de Vallín sobre la querella contra NSO Group Technologies, al que el Bufete Almeida añadió algunos matices al uso autorizado de Pegasus con respecto a otras autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones. Todo aparece detallado en el artículo, que me parece interesante por lo que explica sobre el trato de los datos obtenidos y que finaliza comentando que "en noviembre de 2021, la Oficina de Industria y Seguridad dependiente del Departamento de Gobierno de Estados Unidos, añadió a NSO Group Technologies al listado de “Malicious Cyber Activities".
No creo que haya mucho que hacer, el software se vende con unas condiciones de uso muy acotadas, antiterrorismo, pederastia y algunas cosas más, con autorización judicial, si los estados se salen de esos usos, la responsabilidad es de ellos.
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Ayer estuve leyendo un hilo de Vallín sobre la querella contra NSO Group Technologies, al que el Bufete Almeida añadió algunos matices al uso autorizado de Pegasus con respecto a otras autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones. Todo aparece detallado en el artículo, que me parece interesante por lo que explica sobre el trato de los datos obtenidos y que finaliza comentando que "en noviembre de 2021, la Oficina de Industria y Seguridad dependiente del Departamento de Gobierno de Estados Unidos, añadió a NSO Group Technologies al listado de “Malicious Cyber Activities".
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/11/commerce-adds-nso-group-and-other-foreign-companies-entity-list
Pues si la querella la presenta Boyé, ya nos podemos dar por jodidos.
No creo que haya mucho que hacer, el software se vende con unas condiciones de uso muy acotadas, antiterrorismo, pederastia y algunas cosas más, con autorización judicial, si los estados se salen de esos usos, la responsabilidad es de ellos.