El ciudadano que entorpezca el normal funcionamiento de los servicios públicos como el transporte, el suministro de electricidad, el agua u otros, sería procesado por atentar contra el bien jurídico así como la seguridad pública y las penas llegarían hasta los diez años de cárcel en su forma agravada. Asimismo, el delito de disturbios que afecta la paz pública que sería cometido por un grupo o en reunión tumultuaria, sería castigado con mayor gravedad pues podría llegar hasta quince años de pena privativa a la libertad.
Comentarios
Me encantan los países con gobiernos liberales, que lo primero que hacen es gastar pasta en policía y represión (en eso no reducen el aparato del Estado). Si Escohotado levantase la cabeza, se metería un chute al verlo
El magistrado Pantalones Vaqueros, tócate los cojones.
En cuba sí que saben como reprimir manifestaciones. Curiosamente, a los perroflautas de esta web no les molesta.