Hace 17 días | Por aiounsoufa a elpais.com
Publicado hace 17 días por aiounsoufa a elpais.com

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha sido incapaz de cobrar a una familia terrateniente tres multas por 2,1 millones confirmadas por el Supremo

Comentarios

e

Expropiación

Cantro

#1 y que se pague con las multas pendientes

p

#11 la gasolina con plomo fue cosa de los fabricantes de coches, de hecho por eso aún se usa en aviación, el plomo protege el motor.

Fue al meter catalizadores cuando los coches ya no podían usar gasolina con plomo por averiarse y aumentó la demanda gasolina sin plomo.

QAR

#11 Totalmente de acuerdo.

Manolitro

#11 Menuda película que te has montado para evitar criticar al gobierno de la nación, que es quien, según la noticia, no ha sido capaz de cobrar la multa, a través de la CHG

Katapulta

#24 si notas una mano en tu hombro no te asustes...

Edheo

#8 Bueno, pues alucínate, y al mismo tiempo, entiende cómo funciona el sistema.

Dime tus apellidos, y podré ser conciso con cuales son tus derechos.

o

#4 Me ha flipado ver la lista de morosos de hacienda, recuerdo cuando compré mi coche hace 14 años, pregunte por el rodaje y me dijeron que me lo habían domiciliado pues al año siguiente me cobran 80€ de una de mis cuentas (50+30 de multa) sin decir nada y cuando voy al organismo de recaudación me dicen que como no lo he domiciliado que me cobran la multa y le digo coño si sabéis ni cuenta porque no lo cobráis y la respuesta fue, la ley es así para todos y recuerdo que le dije para todos mis cojones señora

p

#9 lo último, expropiar, pero a l primera, se n multa, solo perder la propiedad.

ochoceros

#9 Y la más dolorosa: impedir acceder a cualquier tipo de ayuda pública andaluza, española o europea.

Raziel_2

#9 ¿Como pretendes legislar en ese sentido, si quienes gobiernan son quienes fomentan estas cosas?

#9 No si permitirse no se permite, por eso les multan, pero les suda el forro de los coj escroto

unlugar

No puedo leer la noticia por no tener suscripción.
De todas maneras, sé de gente a la que le embargaron directamente de la cuenta del banco por una deuda de menos de 30 euros (y la cuenta ni siquiera era suya sino de un familiar que sólo le había autorizado) o por un recibo del ayuntamiento que no había actualizado la titularidad del vehículo del que reclamaban el impuesto de circulación.
¿En esta situación no se puede?

e

#5 tienen miles maneras de esconder recursos

J

#5 Tampoco tengo suscripción pero he podido leer la noticia.
JAVIER MARTÍN-ARROYO
Sevilla -30 DE JUNIO DE 2024 - 05:00 CEST
Robar agua en el entorno de Doñana es un buen negocio porque los terratenientes casi nunca pagan las multas que les impone la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, incluso aunque las ratifique el Tribunal Supremo. Detraer millones de metros cúbicos de agua de manera ilegal apenas tiene consecuencias pese a la acción sancionadora de los agentes medioambientales y la Guardia Civil, y el grave daño ocasionado durante décadas al acuífero del Parque Nacional, muy erosionado por la agricultura intensiva.

La familia Campos Peña, cinco hermanos latifundistas de la finca Hato Blanco Viejo en Aznalcázar (Sevilla), condenados el pasado septiembre a tres años y medio de cárcel por extraer de manera ilegal 19,4 millones de metros cúbicos de agua, acumulados entre 1997 y 2013 un total de 14 multas millonarias, tres de ellas ratificadas por el Tribunal Supremo. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica no ha cobrado ni un céntimo de los 2,1 millones de euros que suman estas tres últimas sanciones, según reconoce el organismo del Ministerio para la Transición Ecológica. Este diario solicitado durante meses conocer la cantidad finalmente cobrada a esta familia terrateniente, y la confederación ha admitido su ineficacia para hacer que los infractores paguen, en una respuesta escrita a través del Portal de Transparencia.

Este caso es el ejemplo más claro de una práctica habitual extendida entre los terratenientes: acumular multas administrativas durante años, recurrirlas todas ante la justicia para lograr el impago por prescripción, y en caso de condena, declarar las sociedades agrícolas insolventes pese al continuo beneficio económico. que dan sus cosechas. Hoy sus 1.044 hectáreas de arroz, algodón y remolacha funcionan a pleno rendimiento. Y mientras, pese a las condenas y multas de la propia confederación, este organismo sigue dando y renovando permisos a los saqueadores del agua para regar, como el último concedido en 2018. Una vez tras otra, ya que Doñana no tiene voz para clamar por su ecosistema.

Al declararse insolventes durante 16 años mientras producían grandes cosechas, el robo del agua continuado por parte de estos hacendados sevillanos quedó impune por partida doble: nada de los 2,1 millones del Supremo fue cobrado, pero los agentes medioambientales también impusieron multas administrativas e indemnizaciones. por los daños causados al dominio público hidráulico a través de 11 expedientes que suman 3,6 millones. Tras recurrir por vía administrativa y judicial cada sanción de la confederación, los Campos Peña lograron pagar solo 770.072 euros. Es decir, el 21% de las multas impuestas en un principio. En total, de los 5,7 millones que los terratenientes debieron haber pagado según la Administración, solo abonaron 770.072 euros, el 13% del total.

En varias ocasiones, las multas impuestas acabaron en imposibilidad de cobro: “Al igual que en casos anteriores, las gestiones recaudatorias de la Agencia Tributaria terminan con la declaración del crédito incobrable por la insolvencia del deudor, situación que es comunicada por la Agencia Tributaria a la Confederación en marzo de 2013″, reza la respuesta referente al expediente 564/04, que sumaba 93.984 euros.

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En su sentencia, la jueza Isabel de Luque, titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla y que condenó a los cinco hermanos, destacó el “enorme beneficio” económico a costa de los intereses públicos y reprochó al organismo de Transición Ecológica su inacción: “No es la conducta pública más o menos diligente la que es objeto de enjuiciamiento, ni puede mitigar su eventual ineficacia controladora o represiva la responsabilidad de los particulares”. Además de la pena de prisión, los empresarios deberán pagar 1,9 millones como indemnización por el robo masivo de agua. Si la Audiencia y el Supremo confirman la condena, los Campos Peña serán los primeros agricultores en entrar en prisión por el expolio de agua en Huelva y Sevilla, ya que ningún otro ha superado la condena de dos años de cárcel.

¿Es un fraude declararse insolvente y seguir produciendo bajo otras sociedades? "For nothing. Mis clientes no han movido su patrimonio en aras de evitar posibles resoluciones judiciales, sigue siendo el mismo desde su origen”, responde el abogado de los terratenientes, Juan Luis Pérez Marín, que defiende su labor para aprovechar las grietas de la garantista ley de aguas y la prescripción de delitos ante una farragosa burocracia: “No tienen [los Campos Peña] un entramado de sociedades como torticeramente apunta al Ministerio Fiscal. Solo se han limitado a defenderse con éxito, ganado la inmensa mayoría de expedientes sancionadores incoados, y de los que le han sido sancionados, se han limitado a defenderse en ejecución de sentencia”, añade. “La Agencia Tributaria fue en ocasiones muy torpe porque jugó la baza de la responsabilidad mancomunada. Y todo en esta vida prescribe. Los temas se suelen ganar por las formas, no por el fondo”, opina.

Una de las sentencias favorables a los hacendados provocó que la confederación cambiara el sistema de valoración del daño medioambiental y desde entonces lo regulara por orden ministerial, ya que los altos cargos del ministerio carecían de competencias para regular mediante informes propios los daños al medio ambiente.

Fuentes del caso reflexionan sobre las maniobras legales que dificultan o impiden el cobro de las multas a los expoliadores del robo de agua junto a Doñana: “Algo falla en el sistema cuando se siguen haciendo concesiones que tienen multas por pagar por cientos de millas de euros y expedientes administrativos abiertos en confederación”. La jueza definió la captación ilegal de agua como “sistemática, ambiciosa, de carácter industrial y mantenida durante años”, lo que provocó que el nivel freático del acuífero bajara hasta 15 metros.

Un antiguo cargo de este organismo echa sal a la herida y bajo anonimato reprocha al ente que vigila la salud de los acuíferos su poca voluntad para atacar al bolsillo de los saqueadores: “Dentro de la casa se percibe que no hay interés por cobrar. Ha habido favoritismo hacia Hato Blanco Viejo, que se maneja bien con la derecha política, y Hato Ratón Viejo [finca contigua], que se maneja bien con los altos cargos de la izquierda porque son muchos paqueteristas”. Este exresponsable es muy crítico con el nivel de influencia que han ejercido los terratenientes sobre la cúpula del organismo, dirigido por Joaquín Páez, exdelegado de Medio Ambiente socialista de Chiclana (Cádiz). “Son fincas colindantes que han extraído agua de forma ilegal y han ido a llorarle a la derecha ya la izquierda, que les perdonan por similitud. La obligación de confederación es vigilar que no haya detracciones ilegales y cobrarles. Mientras no les cobraban, les seguían dando permisos. Es toda una mentira colosal que nadie se ha atrevido a parar”, censura.

El bufete de los Campos Peña está dirigido por Eduardo Arenas, hermano del senador, exministro e histórico líder del PP en Andalucía Javier Arenas. La condena a tres años y medio de cárcel a cada hermano de esta familia terrateniente por el expolio de agua está recurrente ante la Audiencia de Sevilla, que se pronunciará en breve sobre si amplía, reduce o mantiene la pena.

La connivencia con los agricultores, destapada.
El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Alejandro Rodríguez González, expresó en una conversación grabada en 2020 su clara connivencia con los dirigentes de la Comunidad de Regantes del Viar, pese a los desmanes que ya había denunciado el presidente del jurado de riegos de esa comunidad: “No voy a denunciar porque quiera la mayoría y luego a la policía, le sentó fatal, por qué tienen que mentir si el tío ha llevado las cosas bien (…) Tanto a Confederación como al Viar nos interesa que este tipo de cosas no prosperen, ¿Qué necesidad hay?”, dijo en una charla informal. La conversación fue grabada por un testigo que remitió el archivo a la Guardia Civil, la cual lo incorporó al sumario que investigaba el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla y que contó con nueve detenidos -entre ellos el expresidente Manuel Romero-, a los que delataron los pinchazos telefónicos.

El técnico Francisco Chaves Gil admitió gravísimas irregularidades ante los agentes, como haber puesto en peligro la vida de personas tras llenar dos balsas con cuatro millones y medio de metros cúbicos, superando el límite permitido y sin plan de prevención. Pero luego se desdijo en el juzgado.

La jueza María José Moreno requirió en 2022 a la confederación documentación relevante y la entidad podía haber remitido copias de los consumos, recibos y transferencias bancarias por parte de los regantes concesionarios a su comunidad. Sin embargo, esta documentación nunca llegó al juzgado por parte del organismo de Transición Ecológica. Hace un año, la jueza dio carpetazo a la investigación al alegar entre otros motivos que el envío de jamones pata negra a los funcionarios de la confederación por parte de la cúpula de la Comunidad del Viar no eran un “pago, recompensa o contraprestación a algún favor".

OrialCon_Darkness

Joer, pues ya tienen que ser amigos del Juanma, que por dos duros ya se mete suma por medio y te embarga las cuentas.
Y si no hay pasta, orden de desalojo inmediato y a vender el terreno a precio puta, como cuando se lo expropian a cualquiera.

z

A prevaricar se le llama ahora ser incapaz, pues anda que la ley no prevé formas de cobrar una multa

D

#6 Bueno cuando parte de los jueces y fiscales están de tu lado, es difícil.

Zupzup

Pensaba que hablaban de la Casa de Alba y su vástagos, he tenido que entrar para darme cuenta que es La familia Campos Peña, cinco hermanos latifundistas de la finca Hato Blanco Viejo en Aznalcázar (Sevilla), condenados el pasado septiembre a tres años y medio de cárcel por extraer de manera ilegal 19,4 millones de metros cúbicos de agua,

fofito

Solo a los miembros de buena estirpe

S

La familia clan Campos Peña

Que parece que hay miedo a ponerlo en el titular...

johel

"A una familia terrateniente" A estos no les ponen el nombre a la vista aunque luego lo llegan a poner, pero a los de la casa Alba a esos ni en una nota a pie de pagina.
Luego para poner los nombres,apellidos, direccion, foto y casi el numero de telefono de los Titiriteros para esos si habia letra grande.

p

Si nos ponemos en plan "no son okupas, son otra cosa", no roban agua, la extraen sin la autorización administrativa pertinente.

Aeren

Que me contraten a mi y verás como soy capaz de cobrar esas multas y de poner las sanciones adecuadas para que no se vuelva a repetir. Pero vamos, parece que les dan un par de sobres y ya se vuelven unos inútiles.

l

Ya lo dije en un comentario. La comf. Hidrográfica del Guadalquivir sigue usando el agua como en la Edad Media.

Ni dios vigila las huertas a pie de río ilegales. Dejan canales sin agua y se mueren todos los peces. Los limpian y dejan el lodo del fondo junto a los mismos. Y encima hace poco seprona descubrió algunos untados que se tangaban con las cuotas del agua.

Menuda limpia que hace falta en tan opaco organismo... Y ponte en contacto con ellos a ver si eres capaz... Vaya país.

Pero empezando por quienes cobran por vigilar la naturaleza los ríos y los cauces que se rascan los huevos a dos manos llenas y no dan abasto...

s

En el futuro el robo de agua no deberia tener multas, tendrá pena de muerte por ahogamiento

Kerarta999

Que se cobren en terrenos y así de paso amplíen la franja de protección del parque

m

Recursos, recursos, recursos, defectos de forma, aplazamientos... Un pelamanillas no se lo puede permitir, pero si tienes dinero...