Publicado hace 5 años por albertiño12 a ecologistasenaccion.org

En una sentencia pionera en España, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León entiende que los planes autonómicos de calidad del aire son independientes del Plan Nacional, cuya inexistencia no se puede usar como pretexto para no actuar a escala autonómica. La sentencia, resultado de una demanda contencioso-administrativa interpuesta por Ecologistas en Acción, puede tener importantes consecuencias para una docena de comunidades autónomas que también incumplen la normativa, así como para el Gobierno central.

Comentarios

albertiño12

Mientras estamos escuchando en los medios de comunicación manipulación todos los días quejas por las medidas que está tomando el Ayuntamiento de Madrid contra la contaminación, hay otras administraciones que no hacen nada proteger la salud de sus ciudadanos sin que (casi) nadie se indigne, ni proteste.

La triste conclusión que podemos sacar es: si eres político no tomes medidas para proteger la salud de los ciudadanos. Ellos te lo agradecerán.

D

#1 si vienen a Asturias y ven como todas las semanas superamos los límites de pm10 y no pasa nada alucinan

albertiño12

#3 Es más, incluso muchos se quejan de los que denuncian la situación. Porque claro, como se vayan las fábricas contaminantes se van a perder cientos de miles de empleos, se va a hundir la economía, va a ser el caos...

desobediente

El Tribunal finaliza declarando que “no puede mantenerse, como pretende la Administración demandada, que con carácter previo al desarrollo de los planes regionales sea necesario contar con un plan nacional, pues, como se ha expuesto antes, se trata de instrumentos independientes, aunque, eso sí, con la necesaria interrelación y coherencia entre ambos”. Hay que recordar que el Gobierno español tampoco ha elaborado el Plan Nacional de Ozono Troposférico comprometido en 2015, por lo que la Audiencia Nacional mantiene abierta una causa por inactividad contra el Estado español.

m

Por bueno que pueda parecer que se hagan estas cosas, no es un tribunal quién debe decir qué política sigue un gobierno.