la consigna común fue rechazar un presupuesto que, según los convocantes, consolida las desigualdades y amenaza servicios públicos básicos como la sanidad, la educación y el transporte.La oposición acusa al Ejecutivo de aplicar una política dictada por Bruselas, centrada en reducir el déficit público al 3 % del PIB para 2027, lo que en la práctica significa recortar gasto social.mientras la percepción popular de que se priorizan los intereses de las élites económicas y no el bienestar de la mayoría.
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