La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública para recabar aportaciones sobre una futura regulación armonizada que obligaría a los proveedores de servicios electrónicos (operadoras de telecomunicaciones, mensajería, almacenamiento en la nube, etc.) a conservar ciertos datos para su posible uso en investigaciones y procedimientos penales. Este movimiento llega en un momento crítico, marcado por la presión para mejorar la cooperación policial en el ciberespacio y las sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre los límites..
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