Más allá de apuntar al Gobierno de España, la demanda señala directamente a la Comisión Europea por “negligencia grave”. PINDOC sostiene que la institución comunitaria, al mantener bloqueados durante 25 años los procedimientos sancionadores y no exigir medidas disuasorias efectivas, ha incumplido su obligación de garantizar el respeto a sus propias directivas. Este “fallo institucional” es, según los demandantes, la base para reclamar una indemnización por vía extracontractual.
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