El mercado libre son los padres

Solemos hacer siempre lo mismo al hablar de economía. Cuando suben los alquileres, le echamos la culpa al capitalismo y si un banco se hunde, también. Si unas pocas empresas controlan un sector o cuesta poner en marcha un negocio, volvemos a señalar al capitalismo y lo interesante es que casi nunca nos paramos a comprobar si esos mercados funcionaban de verdad en condiciones de libre competencia.

En España aunque seas propietario no puedes construir libremente en cualquier terreno y tampoco puedes ejercer ciertas profesiones sin autorización del gobierno, importar algunos productos sin restricciones o desarrollar actividades sin luchar con la burocracia. El Estado interviene en la producción, los costes, la financiación, la contratación, el acceso a los mercados, los precios…. Luego vemos los resultados de este sistema y los atribuimos al mercado, y esto genera un problema serio para identificar la causa real.

¿Mi argumento? Que el mercado libre, entendido como un sistema de intecambio voluntario sin privilegios económicos impuestos por el poder político, no describe ninguna de las grandes economías actuales. Lo que tenemos son economías mixtas con propiedad privada y mecanismos competitivos que funcionan bajo una estructura institucional decidida por los Estados.

No vengo a demostrar que cualquier problema económico sea consecuencia del intervencionismo, porque la economía es mucho más compleja y la literatura sobre fallos de mercado lleva más de un siglo estudiando problemas que pueden surgir incluso sin una intervención pública directa.

Lo que sí me interesa es examinar cuántas de las disfunciones que acostumbramos a atribuir al capitalismo se explican mejor medinte restricciones estatales o privilegios legales o incentivos artificialmente introducidos en el mercado. Para eso tenemos bastante evidencia histórica y empírica.

El primer problema: llamamos mercado libre a cualquier economía donde existen empresas privadas

Lo que quiero decir es que una economía capitalista no tiene por qué ser un mercado libre. El capitalismo se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, la acumulación de capital y la producción orientada al intercambio, pero ninguna de estas características garantiza que las empresas compitan en igualdad de condiciones.

Podemos tener propiedad privada y monopolios legales de la misma manera que podemos tener empresas privadas y precios regulados. Podemos tener contratos mercantiles y barreras regulatorias que impidan la aparición de nuevos competidores. De hecho, históricamente hemos tenido todo eso al mismo tiempo.

La existencia de una empresa privada obteniendo beneficios no demuestra que esos beneficios procedan de un funcionamiento competitivo del mercado a toda máquina. Pueden venir por vender un producto mejor, reduciendo sus costes o innovando. Pero también puede haberlos conseguido porque una autoridad impidió que otros empresarios compitieran con ella. 

Douglas North, que ganó el Nobel de Economía en 1993, expuso en Institutions (1991) (disponible aquí: www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.5.1.97) que las instituciones marcan la estructura de incentivos de una economía. Las normas formales e informales afectan al coste de venta, las oportunidades de intercambio y qué actividades pueden funcionar económicamente.

Esto quiere decir que no se puede entender el resultado de una economía sin ver las reglas que la rigen. Una empresa con licencias restrictivas, aranceles y subvenciones públicas no enfrenta las mismas condiciones que otra que depende solo de las decisiones de sus clientes. Viuda de Leopoldo Domínguez e Hijos SLU no compite con las condiciones de INDITEX.

Ojo, las dos empresas pueden ser privadas, pero solo una puede tener un privilegio político. No digo que sea INDITEX o la agencia de publicidad de las hijas de algún político o algo así, por poner un ejemplo ficticio.

Tampoco digo que un mercado deba estar totalmente sin reglas para ser libre, aunque la idea me atraiga, porque a veces se necesita resolver disputas, cumplir contratos y responder ante terceros para que el intercambio funcione.

Coase dijo en 1960 que los costes de transacción y la forma en que se asignan los derechos influyen en la eficiencia de las soluciones económicas pero que se necesiten instituciones no quiere decir que toda restricción administrativa tenga sentido.

Una norma que obliga a cumplir un contrato no tiene el mismo impacto económico que otra que prohíbe abrir una segunda farmacia para mantener las ganancias de la primera.

El Estado crea monopolios

Al imaginar grandes empresas del pasado solemos imaginar industrialistas  muy ricos, como los de una novela de Dickens, que juntaron poder por su habilidad para hacer negocios, pero hay que ver cómo funcionaban algunos de esos negocios tan prósperos.

En el siglo XVII  la Compañía Británica de las Indias Orientales recibió una carta real que le daba derechos exclusivos para una parte importante del comercio inglés con Oriente. No se trata de una empresa que consiguió dominar el mercado por tener precios muy bajos, ofertas de 2x1 en el Black Friday o porque sus rivales no supieran competir. Tenía un monopolio que la Corona respaldaba por ley.

Si os interesa el tema, os recomiendo The East Indian Monopoly and the Transition from Limited Access in England, 1600-1813 de Dan Bogart. Su investigación muestra que la compañía dependía de una relación política/fiscal complicada con la monarquía/Parlamento. Las autoridades podían permitir competidores, dar privilegios y pedir préstamos a cambio de mantener ciertas ventajas comerciales.

Bogart apunta que el monopolio se hizo más fuerte porque las instituciones políticas/fiscales británicas se volvieron más fuertes en el siglo XVIII. Cuando una empresa gana mucho dinero por tener derechos exclusivos del Estado, esas ganancias no vienen del libre mercado, sino que son beneficios que existen porque hay un Estado poniendo límites a la competencia.

Siguiendo en las islas, echemos un ojo a las Corn Laws. A principios del siglo XIX,  el Gobierno británico aprobó restricciones a la importación de cereales con la idea de proteger a los productores agrícolas nacionales frente a la competencia extranjera.

Los aranceles hacían más caro importar grano y protegían el dinero de los dueños de tierras y los agricultores británicos. El consumidor también defendía su propio bolsillo al querer comprar pan más barato.

Lo que ayudaba a algunos productores causaba problemas a los consumidores y a otros sectores de la economía, por lo que estas restricciones se eliminaron por completo a mitad de siglo.

Esta es una situación que aparecerá varias veces en este artículo. El precio de un producto sube porque la ley limita la competencia. Después, ese precio puede parecer que sube de forma natural en el mercado.

Los aranceles no aparecieron por arte de magia del mecanismo de precios. El Parlamento los aprobó.

Cuando una regulación pretende proteger al consumidor, pero termina protegiendo a las empresas

Stigler decía en su Theory of Economic Regulation que los sectores regulados tienen incentivos para influir en las leyes que afectan a su actividad. Por ejemplo, una empresa que compite en un mercado con otras 10 empresas puede tener más beneficios si baja sus costes, mejora su producto o si invierte. También puede tratar que el Estado ponga reglas que hagan más difícil que entren nuevas empresas. Esta última opción no requiere mejorar la producción.

Tullock y Krueger crearon el concepto del rent-seeking (búsqueda de rentas) que hace referencia a actividades que, en lugar de crear valor económico, buscan beneficios por medio de privilegios, transferencias u obstáculos institucionales. A ver, no quiere decir que cada relación entre empresas y administraciones sea corrupción ni que todas las regulaciones nazcan de intereses privados, pero que hay un incentivo económico claro.

Si una ley puede poner a una empresa una multa de millones de euros y ese coste se reparte entre cientos de miles de clientes, pues esta empresa tendrá más motivos para influir en esa ley que los consumidores para unirse y oponerse. El beneficio se concentra y el coste se reparte y esto ayuda a entender por qué algunas políticas se mantienen durante décadas aunque produzcan pérdidas de eficiencia en total.

En el estudio que publicaron Djankov, López-de-Silanes y Shleifer sobre la regulación para abrir empresas en 85 países (si lo encuentro lo pongo) analizaron cuántos trámites, tasas y tiempo se necesita para abrir un negocio. Resulta que los países con más burocracia también tenían más corrupción y una economía informal mayor, como el trabajo en negro, sin que esto resultase en una mejor calidad de los bienes públicos o privados.

Es decir, se duda de que la burocracia siempre proteja al ciudadano. No significa que las leyes inevitablemente provoquen corrupción, ya que también influyen diferencias institucionales, pero el estudio respalda la hipótesis de que algunas barreras acaban beneficiando a los que ya tienen acceso al mercado.

Una licencia de 10.000 € no es igual para todos

Imagina dos empresas. La primera factura 100.000 € anuales y la segunda 10 millones, y las dos tienen que pagar una tasa de 10.000 € para poder entrar, por ejemplo, en el sector del champín.

Para la primera empresa eso supone el 10 % de su facturación anual y para la segunda no llega ni al 0,1 %. Fíjate en que la ley es la misma pero el efecto es muy diferente. Eso ocurre incluso antes de pensar en diferencias en productividad, costes de financiación, abogados o la posibilidad de dividir esos gastos entre otras líneas de negocio como el mosto.

Veamos las matemáticas en esta captura que hice a mi editor de latex porque no sé pegar aquí las fórmulas.

Si el coste de la ley incluye una parte fija alta entonces este coste representa menos a medida que la producción aumenta. Una ley que parece neutral puede acabar subiendo la escala mínima necesaria para que una empresa sea rentable y cuando sube la escala mínima parte de los competidores potenciales ni siquiera llegan a empezar el negocio.

La paradoja es clara no? Una ley pensada para controlar a las grandes empresas puede terminar dándoles ventaja competitiva sobre las pequeñas.No sucede en todos los casos porque depende de la estructura de costes y de cómo se haya diseñado la norma pero ese mecanismo existe y pesa más en mercados con costes de cumplimiento altos.

No podemos culpar al libre mercado por decisiones que no tomó

La evidencia nos permite afirmar algo bastante concreto y es que hay muchos mercados donde el Estado decide quién puede competir, cuánto cuesta hacerlo, cuánta cantidad se puede producir y qué riesgos económicos tendrán que asumir otras personas.

En algunos de esos mercados vemos justo los problemas que suelen citarse como críticas al capitalismo: precios altos, poca oferta, concentración de empresas o conductas arriesgadas y tenemos pruebas de que ciertas restricciones y garantías públicas pueden ayudar a lograr esos resultados.

Aquí no se trata solo de elegir la libertad económica por razones filosóficas sino que hablo de mecansmos económicos que podemos observar.

No voy a decir que toda la pobreza, todas las crisis o toda la concentración empresarial sean culpa del Estado, porque la evidencia no llega a eso y veo que una tesis más concreta se sostiene mejor. 

Muchas de las fallas que se atribuyen al capitalismo ocurren en mercados donde el Estado ya intervino y la competencia dejó de funcionar. Si se presentan esas fallas como un fracaso natural del libre mercado, se deja fuera una parte clave de cómo pasan.

Las grandes economías modernas no han funcionado bajo el mercado libre como condición institucional sino que siempre hubo alguna mezcla de restricciones, privilegios, impuestos, garantías e intervención.

Si el Estado pone límites a la construcción y la vivienda sube de precio, hay restricciones en la oferta. Si una actividad profesional cuesta mucho porque la ley restringe cuántos profesionales puede haber, hay que incluir esa restricción en el análisis.

Si una empresa obtiene beneficios fuera de lo común por un privilegio administrativo, esos beneficios no son solo resultado de la competencia. Si una entidad financiera asume riesgos esperando un rescate público, no podemos considerar que todos los costes y beneficios sigan solo siendo privados.

La crítica económica tiene que buscar causas y no etiquetas que nos vengan bien. Existe una diferencia considerable entre una empresa que obtiene beneficios compitiendo y otra que los obtiene protegida de la competencia. Ambas pueden pertenecer a un sistema capitalista pero sólo una de esas situaciones nos permite observar un mecanismo de mercado relativamente libre de privilegios.

Quizá habría que empezar por distinguir esto antes de culpar al mercado de todo lo que pasa dentro de él.