Hace 1 año | Por --557077-- a eldiario.es
Publicado hace 1 año por --557077-- a eldiario.es

El fiscal general firma un decreto para interpretar la reforma del Código Penal que modifica el delito de malversación

Comentarios

mefistófeles

#1 Némesis te oiga y sea así como dices.

Mltfrtk

"Queremos meter en la cárcel a estos independentistas y lo haremos como sea"

meneandro

#7 Siempre hay margen para la interpretación. Y hay precedentes, así que la interpretación ya está dirigida hacia un punto. Todo depende de que peso le des a cada cosa y lo argumentado y evidenciado que sea tu discurso.

Suigetsu

Me parece absurdo que sea igual la pena de malversación con enriquecimiento personal que sin él. Huele a la típica interpretación tortillera que se acaba cargando Europa como ha pasado anteriores veces.

meneandro

#5 Habría que ver qué es el enriquecimiento personal. Igual no es ingresar dinero en una cuenta, igual el prestigio, la influencia, el medebesuna, el atacar a otro porque te cae gordo, etc. cuelan como enriquecimiento personal; el que de actuar de ciertas formas y no otroas aunque no saques nada de valor, saques cosas.

Suigetsu

#6 Entonces dejas esta interpretación a un juez. Si te toca un juez de tu palo solo la verá si es monetaria si te toca de otro entenderá que te has convertido en el nuevo Elon Musk.

pedrario

#5 pero si lo más previsible es que el 31 Europa de la razón a España en este caso, ¿qué harás entonces?

e

#5 No lo veo tan absurdo. El dinero malversado para las arcas públicas es el mismo y a los damnificados el daño es el mismo.
Hay unas normas para gastar el dinero de todos, los que te han votado y los que no. Y se deben defender los derechos de todos.

lawson

Hay que ver como es la fiscalía...

¿Alguien les ha informado de que el dinero público no es de nadie?

d

Es discutible, se gastó en algo aprobado por el Parlamento. Luego el TC anuló dicha votación, pero es difícil indicar que hay ánimo de lucro en este caso. Porque en ese caso todo sería malversación agravada y se interpretaría en contra del legislador que ha separado ambos delitos, que es lo contrario que se debe hacer al interpretar una ley.