El estado de Israel ha convertido la masacre del pueblo palestino en una atracción turística. Literalmente, algunas agencias de viaje israelíes están ofreciendo actividades que consisten en acompañar a los turistas a un mirador estratégico con vistas a la frontera de Gaza para observar cómo las fuerzas armadas bombardean Palestina.

La hambruna de Gaza puede medirse en las costillas salientes de una niña de 6 años. En la delgadez de sus brazos. En los kilos que ella y los que la rodean han perdido. En los dos tomates, dos chiles verdes y un solo pepino que un niño indigente puede comprar para alimentar a su familia ese día. En el norte de Gaza, aislado por soldados israelíes, cientos de miles de personas esperan horas a recibir alimentos de cocinas de beneficencia que se agotan pronto, y cavan pozos para obtener agua para tomar, por insalubre que sea. Nunca hay suficiente.

Washington juega el papel de guardián moral, adalid de la guerra contra las drogas y supuesto mártir que carga sobre sus espaldas el peso del crimen transnacional. Pero basta leer los National Drug Threat Assessment (NDTA) 2024-25 para descubrir que, lejos de ser una víctima indefensa, Estados Unidos funciona como un narcoestado estructural, donde la producción, el consumo y el blanqueo de capitales son engranajes centrales de su sistema económico y político.

En las últimas semanas las organizaciones que reparten cada noche alimentos a personas necesitadas en distintos puntos de la ciudad han recibido multas y se les ha conminado a abandonar determinados lugares

Elon Musk está pidiendo la destitución del juez federal que dictó el sábado de madrugada una decisión por la que el Departamento del Tesoro debía bloquear el acceso a sus sistemas de pago a cualquier persona "que no sea funcionario público con necesidad de acceso para desempeñar sus funciones laborales". La orden prohíbe explícitamente el acceso a los sistemas a los empleados especiales del gobierno y a los destinados fuera del departamento, una designación que cubriría a Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de la práctica empresarial consistente en computar como días de vacaciones los festivos inmediatamente posteriores al periodo de descanso de un trabajador. Además, ha impuesto a la empresa, Marktel Global Services, S.A., que cuenta con una plantilla de más de 2.000 empleados, una sanción por temeridad de 1.000 euros. Este órgano judicial considera que la posición de Marktel Global Services carece de la más mínima consistencia jurídica.