El Gobierno ha reformado la Ley de Alquileres, limitando la capacidad de los propietarios para recuperar su vivienda: si el inquilino cumple el contrato, podrá seguir en la casa aunque el dueño no quiera renovar. Esto ha generado críticas por restringir el derecho de propiedad. Además, desde 2025, un nuevo índice del INE reemplazará al IPC para actualizar los alquileres. Propietarios y expertos alertan de una posible retirada de pisos del mercado, lo que podría reducir la oferta y encarecer los precios.
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