Castigar sin condena judicial

¿Os imagináis vivir en un país donde el Gobierno pudiera multaros, confinaros o limitar vuestra actividad política sin necesidad de que antes un juez os declarase culpables?

Imaginad que determinadas conductas no fueran juzgadas inicialmente por un tribunal independiente, sino sancionadas directamente por el poder político. Que un ministro pudiera decidir que una publicación, una manifestación, una asociación o determinadas expresiones constituían una amenaza para el sistema y actuar contra ellas mediante una decisión administrativa.

La ley podría considerar sancionables cosas como difundir noticias que «puedan quebrantar el crédito o perturbar la paz o el orden público», realizar acciones o expresiones que supongan «menosprecio» de las instituciones o participar en determinadas actuaciones políticas o sociales consideradas perjudiciales para el régimen. Conceptos suficientemente amplios como para dejar un margen considerable de interpretación a quien tuviera que aplicarlos.

Las consecuencias tampoco serían menores. Se podían imponer multas que, para muchos trabajadores de la época, podían equivaler a varios años completos de salario; trasladando únicamente ese esfuerzo económico a nuestros días, hablaríamos aproximadamente de sanciones del orden de decenas de miles de euros, pudiendo superar con facilidad los 100.000 euros. Además, se podía ordenar el destierro de tu localidad o directamente la expulsión del país, suspender reuniones y manifestaciones cuando se presumiera que podían perturbar la paz pública, clausurar asociaciones e intervenir sus fondos. Todo ello mediante facultades atribuidas directamente al ministro responsable del orden público.

Y aquí aparece quizá el aspecto más llamativo: si una persona era sancionada, la propia ley establecía que podía reclamar en veinticuatro horas ante el mismo ministro de la Gobernación. Si se trataba de una organización, la reclamación correspondía al Consejo de Ministros. No estamos hablando, por tanto, del procedimiento penal ordinario en el que una acusación debe probarse previamente ante un juez independiente.

La justificación era sencilla: proteger al régimen frente a quienes pudieran intentar desestabilizarlo.

Y ese es precisamente el dilema. Hasta qué punto puede una democracia restringir las libertades para defenderse sin terminar debilitando las propias garantías que pretende proteger.

Porque una democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones. También consiste en limitar el poder del Gobierno, someter las sanciones a garantías jurídicas y proteger al ciudadano incluso cuando sus opiniones resultan incómodas para quienes gobiernan.

No se trata de afirmar que estas medidas convirtieran automáticamente al régimen en una dictadura. Se trata de constatar que creaban un auténtico derecho de excepción, concentrando en el Ejecutivo facultades extraordinarias para sancionar y restringir derechos sin necesidad de una condena judicial previa.

La ley de la que estamos hablando no pertenece a una dictadura.

Fue la Ley de Defensa de la República, aprobada por las Cortes Constituyentes el 21 de octubre de 1931 y publicada en la Gaceta de Madrid pocos días después.

Y hay un último detalle especialmente significativo. Cuando pocas semanas más tarde se aprobó la Constitución de 1931, la Ley de Defensa de la República recibió expresamente vigencia constitucional transitoria, evitando así que quedara inmediatamente desplazada por las nuevas garantías constitucionales.