El grupo Barceló ha ganado una batalla a Hacienda. Una sentencia de la Audiencia Nacional, hecha pública el pasado 6 de marzo, estima el recurso presentado por el grupo al considerar que la Agencia Tributaria sobrepasó el límite de un año fijado para la labor de inspección por las declaraciones del impuesto de Sociedades del grupo en 2006 y 2007.
#27 ¿los políticos? ¿dónde están aquí esa chusma? Si algo ha funcionado aquí mal han sido los funcionarios:
el texto establece que el 19 de julio de 2011 se inició la actividad inspectora y la notificación de la liquidación se produjo el 12 de septiembre de 2012. En su argumentación, la Audiencia Nacional concluye que a los doce meses que fija de límite la ley para la labor inspectora habría que añadir 30 días adicionales por las solicitudes de aplazamiento, por lo que la notificación debería haberse realizado el 19 de agosto de 2012 y no el 11 de septiembre como finalmente se realizó. Esa diferencia de 23 días es la que provoca que la Audiencia considere que prescribiera el derecho de la Administración
Comentarios
Recordemos que esto también es dinero ROBADO por los políticos a nosotros, los ciudadanos.
Cosas que pasan cuando la justicia es muy igual para todos
Esto es un no parar. Tanto golfo trincando aquí y allá, ¿qué va a haber para pensiones ni otros servicios sociales?
Otro caso mas a la larga lista de perforaciones anales a los españoles...voy a sacar mi bandera de Ejpaña a colgarla en mi balcón.
Con los obreros nunca se les pasan los plazos, que cosas mas casuales...
#27 ¿los políticos? ¿dónde están aquí esa chusma? Si algo ha funcionado aquí mal han sido los funcionarios:
el texto establece que el 19 de julio de 2011 se inició la actividad inspectora y la notificación de la liquidación se produjo el 12 de septiembre de 2012. En su argumentación, la Audiencia Nacional concluye que a los doce meses que fija de límite la ley para la labor inspectora habría que añadir 30 días adicionales por las solicitudes de aplazamiento, por lo que la notificación debería haberse realizado el 19 de agosto de 2012 y no el 11 de septiembre como finalmente se realizó. Esa diferencia de 23 días es la que provoca que la Audiencia considere que prescribiera el derecho de la Administración