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#1:
En esas informaciones se detalla, entre otras cosas, cómo el JEFTA plantea la reducción de los aranceles japoneses sobre las importaciones de alimentos a cambio de eliminar los aranceles en Europa sobre los coches procedentes de Japón.
El acuerdo entre la UE y Japón incluiría también la polémica justicia independiente a los Estados (“Investors Court System”) que derivaría per se en una protección (aun) mayor de los inversores sobre los ciudadanos (convertidos exclusivamente en consumidores, según el tratado).
El JEFTA también incluye medidas más laxas sobre el medio ambiente, relativas al comercio de madera (tala) ilegal y la sobrepesca (caza de ballenas). El acuerdo, por tanto, podría dificultar que la UE y Japón adoptaran las medidas medioambientales necesarias para cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París, considera Greenpeace.
“JEFTA es una amenaza para nuestros derechos democráticos, nuestra salud y nuestro medio ambiente”, asegura la ONG que ha tenido acceso a los documentos del acuerdo.
El acuerdo entre la UE y Japón incluiría también la polémica justicia independiente a los Estados (“Investors Court System”) que derivaría per se en una protección (aun) mayor de los inversores sobre los ciudadanos (convertidos exclusivamente en consumidores, según el tratado).
El JEFTA también incluye medidas más laxas sobre el medio ambiente, relativas al comercio de madera (tala) ilegal y la sobrepesca (caza de ballenas). El acuerdo, por tanto, podría dificultar que la UE y Japón adoptaran las medidas medioambientales necesarias para cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París, considera Greenpeace.
“JEFTA es una amenaza para nuestros derechos democráticos, nuestra salud y nuestro medio ambiente”, asegura la ONG que ha tenido acceso a los documentos del acuerdo.
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En esas informaciones se detalla, entre otras cosas, cómo el JEFTA plantea la reducción de los aranceles japoneses sobre las importaciones de alimentos a cambio de eliminar los aranceles en Europa sobre los coches procedentes de Japón.
El acuerdo entre la UE y Japón incluiría también la polémica justicia independiente a los Estados (“Investors Court System”) que derivaría per se en una protección (aun) mayor de los inversores sobre los ciudadanos (convertidos exclusivamente en consumidores, según el tratado).
El JEFTA también incluye medidas más laxas sobre el medio ambiente, relativas al comercio de madera (tala) ilegal y la sobrepesca (caza de ballenas). El acuerdo, por tanto, podría dificultar que la UE y Japón adoptaran las medidas medioambientales necesarias para cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París, considera Greenpeace.
“JEFTA es una amenaza para nuestros derechos democráticos, nuestra salud y nuestro medio ambiente”, asegura la ONG que ha tenido acceso a los documentos del acuerdo.
#1 la Unión Europea se refiere constantemente a los habitantes de ese territorio como consumidores, más que como ciudadanos
#5 Y como esto siga así sin que logremos detener el proceso, pasaremos de ser consumidores a ser consumibles.
#1 Si hay que abolir esa "justicia independiente a los Estados"
Que cojones hacen los fondos de inversion recurriendo a los “Investors Court System” para pleitear contra el estado
Sorprendente primer laudo de renovables a favor de España
Sorprendente primer laudo de renovables a favor de...
blogs.elconfidencial.comEspaña pierde su primer arbitraje internacional ante el Ciadi por los recortes a las renovables
España pierde su primer arbitraje internacional an...
europapress.es#11
De
https://www.citizen.org/sites/default/files/informe-ataques-y-demandas-de-inversionistas-extranjeros.pdf
"
El sistema de solución de controversias de los inversionistas extranjeros con el Estado receptor de la inversión (sistema inversionista-Estado, o ISDS por su sigla en inglés) contemplado en diversos tratados de "libre comercio" (TLC) y tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de la inversiones (tratados bilaterales de inversión-TBI) modifica esencialmente la correlación de fuerzas entre los inversionistas, el Estado y el público en general al generar un régimen de gobernanza mundial que prioriza formalmente los derechos de las empresas por encima del derecho de los gobiernos a reglamentar. Las disposiciones de este sistema de solución de controversias elevan a las empresas extranjeras y a los inversionistas individuales al mismo rango que los gobiernos soberanos, facultando a aquellos a optar por la aplicación privada de un tratado público, eludiendo a tal efecto los tribunales nacionales y "demandando" directamente ante tribunales arbitrales extrajudiciales a los gobiernos signatarios por sus políticas de interés público.
Los tribunales internacionales de arbitraje que dirimen estos litigios constan de tres abogados privados que no rinden cuentas a ningún electorado. Algunos abogados incluso rotan de condición, actuando algunas veces como "jueces" y otras como abogados que presentan demandas de empresas contra gobiernos --un tipo de dicotomía de responsabilidades que sería considerada contraria a la ética en la mayoría de los sistemas judiciales. Esos tribunales arbitrales no están obligados a guiarse por precedentes ni respetar la jurisprudencia ni las opiniones de los Estados, y sus resoluciones sobre los asuntos de fondo no pueden someterse a apelación.
Los pactos cuya aplicación se hace efectiva a través de este sistema de solución de controversias les garantizan a las empresas extranjeras un amplio espectro de "derechos" sustantivos que superan y eclipsan incluso a los férreos derechos de propiedad que se les conceden a las empresas nacionales en países como Estados Unidos. Eso incluye el "derecho" a un marco regulatorio que se ajuste a las "expectativas" de los inversionistas extranjeros, lo cual ha sido interpretado por los tribunales arbitrales que dirimen las demandas inversionista-Estado como que una vez que se ha establecido una inversión extranjera, los gobiernos no deberían modificar sus políticas en materia regulatoria.
Para reivindicar ese tipo de derechos tan amplios, las empresas extranjeras han utilizado el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado para atacar e impugnar una gama cada vez más variada de políticas nacionales sobre tabaco, clima, finanzas, minería, medicamentos, energía, contaminación, agua, empleo, toxinas, desarrollo y otras políticas no comerciales. La cantidad de demandas de este tipo aumenta día a día. Aunque ya desde la década de 1960 existían tratados con cláusulas de solución de controversias inversionista-Estado, durante las tres primeras décadas de existencia de dicho régimen solamente se presentaron 50 demandas inversionista-Estado conocidas. Sin embargo, en cada uno de los últimos tres años se han iniciado más de 50 demandas inversionistaEstado.
Si uno de estos tribunales arbitrales falla en contra de una política impugnada, no existe ningún tope a la cantidad de dinero de los contribuyentes que puede verse obligado a pagar el gobierno a la empresa extranjera por orden del tribunal. Tales indemnizaciones se calculan en base a las "ganancias futuras esperadas" que habría obtenido el inversionista, según el criterio del tribunal, si no se hubiera aplicado la política pública impugnada. Incluso en los casos en que el gobierno gana el juicio, a menudo tiene que pagar de todas formas una parte de los costos del arbitraje. La mera amenaza de demanda ante este tipo de tribunales arbitrales puede tener un efecto disuasorio o de enfriamiento de los gobiernos en materia de formulación de políticas, incluso aunque el gobierno estime que puede ganar el juicio, ya que solamente el costo defender una política impugnada a través del sistema inversionista-Estado asciende en promedio a $8 millones de dólares.
Contando solamente los arbitrajes amparados en los TLC de Estados Unidos, las empresas extranjeras ya se han embolsado más de $430 millones de dólares de los contribuyentes a través de demandas inversionista-Estado. Dichas demandas incluyen impugnaciones de políticas en materia de recursos naturales, protección ambiental, medidas de seguridad y cuidado de la salud y otras. Los tribunales de arbitraje de inversiones han ordenado que se paguen más de $3.600 millones de dólares de indemnización a los inversionistas al amparo de todos los TBI y TLC de Estados Unidos. Hay demandas de indemnización por $38.000 millones de dólares que aún están pendientes de resolución en arbitrajes inversionista-Estado amparados en estos convenios, todas ellas relativas a políticas ambientales, de energía, reglamentación financiera, salud pública, uso del suelo y transporte.5 A continuación presentamos tan sólo una muestra de la multiplicidad de ataques y demandas de inversionistas extranjeros contra el Estado receptor y sus políticas de interés público
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#12 "Las disposiciones de este sistema de solución de controversias elevan a las empresas extranjeras y a los inversionistas individuales al mismo rango que los gobiernos soberanos,"
Es lo que ocurre con lo que te comentaba, y no veo a nadie en meneame en contra de que esos inversores pleiten contra España, sino todo lo contrario
Es probable que el PSOE lo apoye sin paliativos con un rotundo SÍ y luego, en el Congreso, vire radicalmente de opinión y permita que se apruebe con su abstención razonada.
#3 es que lo del PSOE es una respuesta lenta SIIIII ...... ESOOO........ YAAA..... OTRO...... DIAAA......
Yo digo no a cualquier cosa negociada en secreto entre políticos profesionales y empresarios de multinacionales. Llamadme radical.
#8 radical.
#9 Gracias.
Si el tratado no pasa a disposicion publica antes de ser votado, la respuesta es NO.
De momento parece otro intento mas de colar el tratado de "gobierno corporativo mundial", donde las corporaciones gobiernen los paises, dicten las leyes y decidan sobre la vida-muerte de sus trabajadores-ciudadanos.
William Gibson.
Al final, los países van a presumir de su relevancia internacional en función de si Europa negocia tratados secretos de espaldas a su poblacion con ellos o no.
Tan en secreto como cualquier otra negociacion. Luego se hace publico el principio de acuerdo y se vota, se modifica, se vuelve a votar, ... etc.
#10 El secretismo sólo tiene una justificación que afecta a derechos de la ciudadanía y saben que si lo sacan la Sociedad civil, no lo permitirá. El resto son excusas. Como encima hay una serie de leyes y sentencias sobre esa obligatoriedad, transparencia y tal, pués...
Salu2
Le han puesto una F al nombre del tratado para que no sea tan evidente que lo que hacen es echarle JETA.